Las deliberaciones sobre el texto se reanudan una vez que se ha dado carpetazo definitivo a los diferentes intentos procesales del Gobierno de la Generalitat para evitar que los magistrados que actualmente componen el tribunal acaben dictando la sentencia alegando razones de falta de legitimidad, por haber concluido un tercio de ellos el mandato para el que fueron designados en diciembre de 2007.
Así, el tribunal ha rechazado los recursos de súplica interpuestos por la Generalitat y el Parlamento catalanes que cuestionaban la competencia del tribunal y un segundo incidente procesal presentado con el objetivo de reintegrar en las deliberaciones al magistrado del «bloque progresista» Pablo Pérez Tremps, que había sido apartado a instancias del PP.
Borrador
Según fuentes del órgano constitucional, el borrador de Casas asume con algunas modificaciones las mismas tesis que la que elaboró en su día la magistrada del «sector progresista» Elisa Pérez Vera --que fue rechazada por seis votos frente a cuatro-- respecto a los aspectos más polémicos de la norma, tales como la inclusión del término 'nación' en el Preámbulo o los preceptos referidos al uso de la lengua catalana y la bilateralidad de las relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado.
En previsión de que no pudiera alcanzarse el consenso necesario para aprobar su ponencia --que podría incluir 13 declaraciones de inconstitucionalidad y el sometimiento a interpretación de otros 24 preceptos-- la presidenta del Tribunal se muestra dispuesta a someter su texto a una votación por bloques, pues su objetivo de lograr que haya sentencia antes del próximo verano, según manifestó ella misma hace unas semanas a un grupo de periodistas.
Fórmulas de voto
En principio, ninguno de los magistrados que deliberan sobre el Estatut es contrario a ir dictaminando sobre el borrador por bloques o incluso precepto por precepto, basándose en el artículo 254 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que señala que «la votación, a juicio del presidente del tribunal, podrá tener lugar separadamente sobre los distintos pronunciamientos de hecho o de derecho que hayan de hacerse, o parte de la decisión que haya de dictarse».
Casas se hizo cargo de la ponencia sobre la sentencia del Estatut el pasado 19 de mayo, después de que el anterior ponente, el vicepresidente de este órgano y magistrado del «bloque conservador», Guillermo Jiménez, retirara el texto que había elaborado antes de someterlo a votación.
Ese día, tras casi cuatro horas de debates, el Pleno del Tribunal Constitucional no llegó a votar el texto de Jiménez porque el magistrado optó por retirarlo ante la falta de apoyos mostrado por la gran mayoría de sus compañeros. Su borrador preveía la declaración de inconstitucionalidad de una veintena de preceptos y la interpretación de otros tantos, además de criticar duramente el empleo del término «nación» en el Preámbulo de la norma.
Casas asumió la nueva redacción del texto con el fin de desatascar la situación creada tras el fracaso de los intentos anteriores para lograr una sentencia sobre el Estatut. El primer borrador, el elaborado por Elisa Pérez-Vera, había sido rechazado el pasado 16 de abril por seis votos contra cuatro pese a sufrir hasta cuatro modificaciones desde su redacción inicial.
La fuerte división en bloques de los diez magistrados que discuten sobre el Estatut --queda fuera Pablo Pérez-Tremps, recurrido por el PP, y hay una plaza vacante tras el fallecimiento de Roberto García Calvo--, permite pronosticar una gran dificultad para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la tortuosa evolución que el recurso del PP ha tenido en el tribunal de garantías.
El borrador de Pérez-Vera fue apoyado, además de por su autora, por la presidenta del Tribunal y los magistrados de tendencia progresista Eugenio Gay y Pascual Sala, que podrían volver a ofrecer su apoyo a Casas en atención a la coincidencia de las tesis de ambas magistradas.
En contra del «ponencia progresista» se manifestaron el vicepresidente Jiménez y los magistrados Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón, todos ellos pertenecientes al «sector conservador» del órgano con excepción del último, quien pese a haber sido situado en el ala ideológica contraria ha venido manifestando serias discrepancias con algunos aspectos de la norma, como el relativo al significado del término.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
De momento no hay comentarios.