EfeMadrid14/01/10 0:00
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El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, estimó ayer que la economía irregular supone entre el 16 y el 20% de la actividad económica en España y advirtió que la Administración «estará muy presente delante de cualquier irregularidad».
Así lo dijo durante la presentación del balance de las actuaciones de la Inspección de Trabajo en 2009 contra la economía irregular, en la que destacó que la crisis económica ha acentuado el incremento de las infracciones.
En este sentido, la Inspección realizó 224.492 actuaciones contra la economía irregular el año pasado, lo que supuso un 30% más que en 2008.
Multas
Corbacho señaló que las arcas del Estado recaudaron 960,75 millones de euros en concepto de multas como consecuencia de las 29.357 infracciones cometidas por falta de altas en la Seguridad Social, con un aumento del 12,48%.
Según los datos de este balance, el Ministerio de Trabajo e Inmigración denunció en 2009 que 7.122 trabajadores no tenían permiso de trabajo, que 8.148 trabajadores estaban cobrando prestación por desempleo y 682 irregularidades vinculadas con otras prestaciones, por ejemplo personas que trabajaban pese a estar cobrando una pensión de jubilación.
El ministro puntualizó que el año pasado se incrementó el número de altas en 48.762 gracias a las infracciones detectadas, al tiempo que explicó que del 100% de las actividades de inspección, el 40% se dedicaron a «buscar en sectores situaciones de irregularidad».
Según este balance, la hostelería registró 49.903 actuaciones, seguida del comercio (44.937), la construcción (43.635), los servicios (38.045), la agricultura (9.248), el transporte (5.891) y el sector del hogar (3.107).
El director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Raimundo Aragón, añadió que en la hostelería las infracciones se debieron a falta de altas o a personas contratadas a tiempo parcial y que hacían jornadas más prolongadas.
Asimismo, aludió a las infracciones cometidas en el tipo de contratos, al señalar que muchos contratos temporales deberían haber sido indefinidos, por lo que gracias a la Inspección 52.000 contratos temporales «se transformaron» en fijos.