Poco después de que entrara en el Tribunal Popular Supremo de Shandong (este) el convoy que supuestamente escoltaba a Bo, la corte anunciaba que rechazaba la apelación del ex líder, en su día ministro de Comercio y, hasta su caída en desgracia, jefe del Partido Comunista en la megalópolis de Chongqing (centro).
«La decisión del viernes será el veredicto final. Después de eso, el proceso está terminado», había advertido antes el abogado de Bo, Li Guifang.
Y así parece ser. La ratificación de la sentencia a cadena perpetua, impuesta por el Tribunal Popular Intermedio de Jinan (capital de Shandong) el 22 de septiembre, poco menos que echa el cerrojo a la celda de Bo en la elitista prisión de Qincheng, al norte de Pekín, y también trata de poner cerrojo al mayor escándalo político vivido en China en las últimas décadas.
De por vida
La corte, además, ha advertido de que no aprobará una posible petición del exministro de elevar su caso ante el Tribunal Popular Supremo del país y le ha privado de sus derechos políticos de por vida.
No se trata de una decisión inesperada. Los expertos coinciden en que el fallo fue consensuado hace ya tiempo por los grandes líderes del Partido Comunista (PCCh), sobre quienes cae el control de las instancias judiciales.
Esta vez no ha habido espacio para que Bo defendiera públicamente su apelación, a diferencia del largo juicio (22-27 de agosto) en el que se trataron los tres cargos imputados (abuso de poder, aceptación de sobornos de alrededor de 2,43 millones de euros y malversación de otros 594.700). Bo rechazó entonces las acusaciones con el estilo vehemente que le dio fama durante su carrera política.
Ese carisma es el que inclina a algunos expertos a pensar que el exmiembro del Politburó «llamaba demasiado la atención» como para llegar al máximo órgano de poder chino, el Comité Permanente (7 integrantes), tal y como se preveía antes de su defenestración. «Su crimen principal fue retar a los líderes», dijo a Efe Willy Lam, experto en política china de la Universidad de Hong Kong.
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