Más de la mitad de los diputados británicos, hasta 390, tendrán que devolver 1,1 millones de libras (unos 1,2 millones de euros) por sus excesivos gastos, señaló ayer el responsable de la comisión encargada de investigar el escándalo provocado por el cobro de determinadas dietas, sir Thomas Legg.
Al dar a conocer su investigación sobre esta polémica, que ha empañado la reputación del Parlamento británico, Legg señaló que el sistema es «profundamente defectuoso» y recomendó que los parlamentarios devuelvan determinadas dietas. «Tomadas con una predominante falta de transparenecia y la 'cultura de la deferencia', las decisiones de la oficina de los Comunes sobre los honorarios de los parlamentarios carecían de legitimidad y en muchas ocasiones fueron equivocadas», concluye en su informe.
El periódico británico The Daily Telegraph sacó a la luz el año pasado que numerosos miembros de la Cámara de los Comunes emplearon el dinero de las dietas para pagar el alquiler a familiares, arreglar jardines particulares, amueblar sus domicilios, pagar hipotecas de sus primeras viviendas, mantener pistas de tenis y piscinas, o comprar pañales.
Vaguedad y opacidad
En su informe de la investigación, Legg indicó que las reglas relativas a las dietas eran «vagas» y no había «transparencia». Un asunto de «particular desafío» resultó ser la «falta de pruebas apropiadas» que fundamentasen los gastos, sobre todo en lo relativo al pago de intereses hipotecarios de sus viviendas. La devolución corresponde a dietas que los diputados recibieron desde 2004.
Tres diputados tendrán que devolver sumas superiores a las 40.000 libras (unos 45.600 euros) y a otros 56 se les ha pedido entre 5.000 y 40.000 libras (entre 5.700 y 45.600 euros).
Legg agregó que el escándalo ha perjudicado la confianza de la población en el Parlamento, una situación que -insistió- llevará un tiempo recuperar. Pero destacó el «lado positivo» del problema, ya que -dijo- las instituciones, incluso la prensa, han reaccionado y han demostrado que, cuando «las cosas van mal», «tenemos la voluntad y los medios para arreglarlas».
Durante semanas, el Daily Telegraph publicó diariamente revelaciones sobre reclamaciones de dinero indebidas de diputados de todos los partidos, lo que provocó una grave crisis del sistema parlamentario.
De los 1,2 millones reclamados, unos 900.000 euros ya han sido devueltos -algunos de manera voluntaria- en los meses que han transcurrido desde que se desató el escándalo.
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¿Existen estos controles en las dos cámaras en esta España de nuestros pecados? Ahora se comenta que un senador o un diputado, con gran escándalo por el PENSIONAZO de los 67 años, con 7 años o dos legislaturas a sus espaldas tiene derecho a una paga vitalicia, como jubilación, al cien por cien de lo cotizado. Piensen que Alfonso Guerra está desde la primera legislatura. ¿Habrá dinero suficiente en la caja de la Seguridad Social para su (ese sí) PENSIONAZO?