Por grupos de edad, uno de cada tres niños, niños y adolescentes está en riesgo de pobreza y/o exclusión, el mayor valor registrado, con un 33,3%. Por tanto, la pobreza infantil es una realidad palpable en nuestras islas, lo cual es muy preocupante, dado que no sólo afecta al presente de las personas menores, sino que también tiene repercusiones significativas en su futuro. Paralelamente, también hay que poner de manifiesto que la tasa AROPE en los hogares con menores se ha incrementado 3,1 puntos hasta llegar al 24,4%.
Por otro lado, cabe destacar que el 46,3% de la población experimenta dificultades para llegar a fin de mes. Este porcentaje pone de manifiesto que las situaciones de empobrecimiento y desigualdad no son fruto de la voluntad de las personas, sino el resultado estructural del sistema que, incluso, cuando funciona a pleno rendimiento, es incapaz de erradicarlas. Y es que no podemos obviar que, hoy en día, en el Archipiélago el índice de desempleo ha perdido fiabilidad como medidor del éxito socioeconómico, puesto que actualmente tener un trabajo no es garantía de nada.
En este contexto, también hay que tener presente que las personas que residen en una vivienda en propiedad ha pasado de representar un 65,7% en 2008 a ser un 62,7% en 2023, lo que supone un aumento de la proporción de las personas que alquilan con un 31,4%. Por todo ello, el mercado del alquiler también se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos isleños. No en vano, los precios del alquiler han subido de forma desproporcionada en comparación con los salarios. Muchos se ven obligados a destinar una parte significativa a este concepto, lo que limita su capacidad de ahorrar y planificar su futuro, hecho que no se minimiza con la nueva iniciativa del Govern Balear, el programa Lloguer Segur, dado que excluyen a las personas vulnerables y buena parte de la clase de media. En este sentido, cabe recordar que cuando se habla de personas vulnerables no solo son aquellas que se encuentran en situación de pobreza, sino también a aquellas que perciben unos ingresos menores a 900 euros al mes o, simplemente, que el coste de la vivienda no les permiten desarrollar un proyecto de vida digna.
