La crisis habitacional de Baleares se sigue agudizando en medio de un proceso de encarecimiento de la vivienda que ni se detiene ni se limita al mercado de compraventa: el precio medio de la vivienda de alquiler sobrepasa las posibilidades del perfil mayoritario de los demandantes, de modo que a día de hoy es tremendamente complicado encontrar ofertas por debajo de los 1.000 euros.
Así lo han advertido desde el Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios de Balears (API), que este viernes celebraba en el Gran Hotel de Palma la III Jornada Inmobiliaria en Mallorca, donde diferentes portavoces del sector o relacionados con el mismo -promotores, agentes, administradores de fincas o geógrafos- debatieron sobre su situación actual y futura.
La presidenta de API, Natalia Bueno, señaló que el mercado de alquiler de vivienda está en una situación análoga al de compraventa, «con mucha demanda y poca oferta» y con unos precios «que no dejan de subir». El perfil tipo de demandantes en las Islas, asegura, busca viviendas «que no pase de los 700 u 800 euros al mes», algo que hace tiempo que ha dejado de estar entre la oferta media balear.
«Es ya muy difícil encontrar en Palma una vivienda de dos o tres dormitorios en un barrio de clase media por debajo de los 1.000 euros. Y en una casa de pueblo de Mallorca lo mismo, a no ser que sea una casa antigua con necesidad de reforma», aseveró Bueno. Se trata de una espiral que no para de retroalimentarse con la situación del propio mercado, de manera que «cada vez que queda un piso vacío el propietario aprovecha para subir el precio del alquiler un 10 % o un 15 %».
En ese sentido, el sector viene demandando a la Administración pública la creación de incentivos fiscales para las viviendas que permanecen cerradas. «Es imprescindible que todos los municipios hagan un inventario de todas las viviendas que tienen cerradas y crear figuras dinamizadoras para que puedan salir al mercado de alquiler», señaló la presidenta del Colegio. Asimismo, plantan que las normas municipales doten a los solares con la capacidad para acoger edificios coliving para los trabajadores temporales que cada año llegan a las Islas para cubrir la demanda de mano de obra de la temporada turística.
Por lo que respecta al mercado de compraventa, los datos del tercer trimestre de 2022 del Colegio Registradores reflejan ligeras bajadas en el número de operaciones y en el precio medio, así como en las adquisiciones por parte de extranjeros. «Vemos que la demanda de extranjeros para la compra de una segunda residencia está cayendo», señaló Bueno para añadir que parte importante de los residentes baleares sigue esperando al aval del 20 % de la hipoteca que anunció el Govern para poder comprar su primera vivienda. De modo, que ahora mismo «todo se centra en la vivienda de segunda mano y ese mercado también se está agotando». La subida de los tipos de interés tampoco ayuda, subrayó Bueno para añadir que los más perjudicados están siendo con préstamos hipotecarios de interés variable que pagaban un 35 % de sus ingresos mensuales y que ahora han pasado a pagar el 40 % o el 50 %».
Por su parte, José Miguel Artieda, a quien Bueno cederá su cargo como presidenta del Colegio la próxima semana (ella continuará como vicepresidenta), se refirió al debate de la venta a extranjeros y valoró el peso real que esta actividad puede tener en el proceso de encarecimiento. «Es cierto que tienen un poder adquisitivo más elevado y eso hace que la vivienda se venda más cara y desplace a la población nacional». En ese sentido, Artieda se muestra partidario de tomar medidas correctoras del mercado «pero sin desplazar con ello a los compradores extranjeros», ya que, subrayó, constituyen un elemento dinamizador de la actividad inmobiliaria muy importante.
Por lo que respecta al decreto ley de contención urbanística aprobado por el Parlament Balear, reconoció que «es un tema complicado», aunque abogó por conciliar la necesidad de construir nueva vivienda con «un planeamiento urbanístico que sea sostenible». Por otro lado, la jornada incluyó debates sobre el uso de fondos Next Generation para la rehabilitación de viviendas, las últimas modificaciones de la Ley de Costas o la fiscalidad inmobiliaria.
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