Caso Cursach

La Fiscalía renuncia a la declaración del antiguo testigo protegido 29. | Redacción Sucesos

Víctor MalagónPalma02/06/22 3:59
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La Fiscalía Anticorrupción hace limpieza en el ‘caso Cursach' y elimina de su acusación las partes vinculadas a los testigos más polémicos. En un escrito registrado este miércoles en la Audiencia, retiraba la acusación contra siete encausados y renunciaba a 54 de sus 142 testigos. Para el Ministerio Público algunos de los episodios más llamativos del caso, como las supuestas orgías con las que se agasajaba en la discoteca Tito's a policías locales de Palma no existieron «al comprobarse su falta de verosimilitud». Los acusados contra los que ya no actúa Fiscalía son: Jaime Nadal, funcionario del Ajuntament de Calvià; la ex directora general de Turisme, Pilar Carbonell y el funcionario del Govern Bernadí Coll; el celador de Cort, Julián Garau y tres cargos del Grupo Cursach, el director de Tito's y el jefe de sala de la discoteca, Jaime Lladó, Arturo Segade y Antonio Bergas, supuesto ‘número tres' de la trama, según la acusación inicial. Con ellos se caen la trama de supuesto pago de sobornos a funcionarios de Cort y la de Calvià.

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La primera porque no se acusaba a la supuesta receptora de soborno y, además porque esta aseguró en el TSJIB que admitió que le dieron un billete de 500 euros por coacciones del juez instructor, Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán. La de Calvià por un informe del Consell Consultiu que avalaba al funcionario en la revisión de oficio de la licencia de BCM. Sobre Carbonell, la Fiscalía señala que ella y otro funcionario eran acusados de prevaricación pero que no habían adoptado ninguna resolución administrativa para beneficiar a Cursach.

Lo que han hecho las fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz es adaptar su calificación, que fue suscrita en diciembre de 2018 a todo lo que ha ocurrido después con la investigación al juez instructor, Manuel Penalva y al fiscal que suscribía ese escrito, Miguel Ángel Subirán. Lo que subsiste de la acusación inicial en este proceso es la parte más vinculada a la Policía Local de Palma. Sólo se retiran los cargos contra un agente (Miguel Estarellas Sastre) que falleció antes del juicio. De hecho, quedan como acusados trece agentes y mandos, el grueso de ellos de la Patrulla Verde. La Fiscalía mantiene que estos policías sancionaron a locales y exigieron sobornos en otros, en parte para beneficiar al Grupo Cursach. De esta empresa ya sólo se mantienen dos acusados: el propio Bartolomé Cursach y su ‘número dos', Bartolomé Sbert, a quienes se reclamaba inicialmente una condena de ocho años de cárcel. El juicio arranca en dos semanas, con una batería de cuestiones previas que plantearán las defensas para intentar anular el procedimiento.