Con estas palabras se expresó Llúcia Salleras, presidenta de Escola Catòlica de les Illes Balears (ECIB), al término de la reunión de la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat, celebrada este lunes por la mañana por videoconferencia.
Salleras recordó que «desde el pasado febrero, la Mesa de la Concertada sólo fue convocada en junio. Desde la Conselleria se nos ha dicho que se convocarán reuniones mensuales, si el calendario lo permite. Esperamos que la Conselleria cumpla, pues resulta cansado e inapropiado que siempre tengamos que recibir informaciones por segundas o terceras personas. No obstante, también esperamos que estas mesas no sólo sean para informarnos de decisiones ya tomadas, sino de buscar soluciones conjuntas a los problemas».
Si bien Salleras destacó que «tenemos un alto nivel de vacunación y los protocolos, en general, han funcionado, en la enseñanza concertada vamos con el personal muy justo.
Hemos pasado de 163 docentes por medidas COVID, atención a la diversidad y refuerzo el pasado curso a 145-150 para el próximo, según nos anuncia la Conselleria. Nos han dicho que estos 145-150 no serían todos los previstos y que revisarán las necesidades de nuestros centros por si es necesario incrementar ese número de docentes, pero ya nos vemos con los mismos o menos teniendo más aulas abiertas, ofreciendo más servicios –por ejemplo más cursos de FP– y centros con más necesidades. En algún centro concertado, el número de alumnos con necesidades educativos especiales se ha incrementado en 15. Necesitamos un número suficiente de docentes para atender todas estas necesidades y para cumplir con las ratios».
La presidenta de ECIB explicó que «la Conselleria también ha anunciado un pequeño aumento en los módulos de financiación de los centros concertados. La Conselleria nos otorgó ayudas para la implantación de medidas de limpieza e higiene contra la COVID. Al menos esta inversión debería consolidarse ante el encarecimiento general de todos los servicios en los centros concertados. Sólo para empezar, el de la factura eléctrica».
Salleras también se refirió a las jubilaciones parciales entre el profesorado de la concertada. Apuntó que «el acuerdo en este ámbito finaliza este año y la Conselleria ha expresado su compromiso para estudiar otro nuevo. Esta cuestión es importante, pues afecta a la planificación de los centros».
La concertada se muestra crítica con el inicio de curso, pero también lo ha hecho con la Llei d'Educació, que inicia su trámite parlamentario. Cabe recordar que, a finales de julio, Schola Libera, que agrupa a patronales, sindicatos y asociaciones de familias de concertada, denunció «la falta de consenso con la que la Conselleria ha iniciado el trámite parlamentario de la Llei d'Educació. Y sin consenso, la ley tiene fecha de caducidad».
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