El PP exige explicaciones a Armengol por un informe de la causa de corrupción de la APB en el que se la menciona

Los investigadores creen que Armengol se habría reunido con el entonces presidente de la APB, Joan Gual de Torrella, unos meses antes de su detención, y consideran que pudo ser para hablar de asuntos relacionados con los amaños que se investigan.

Según la información publicada por 'El Mundo', la Guardia Civil se habría incautado de un documento de la secretaria de Gual, con notas manuscritas en las que se puede leer 'Francina' y un listado de temas a tratar que, para la Guardia Civil, serían alusiones a cuestiones que se estaban investigando.

Ante la «gravedad» de estas informaciones, el PP ha difundido un comunicado en el que reclama a Armengol que aclare este asunto públicamente este mismo viernes. «No puede pasar un minuto más sin que la presidenta del Govern dé explicaciones», señalan los 'populares'.

CASO DE CORRUPCIÓN EN LA APB

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, levantó recientemente el secreto de parte de la causa de corrupción que afecta a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). Con todo, cabe señalar que en este auto, en el que se repasan los indicios disponibles en la investigación, la juez no hacía ninguna referencia a la figura de la presidenta ni valoraba el informe de la Guardia Civil.

Gual de Torrella fue detenido el 24 de julio de 2020 junto a otros cuatro directivos de la APB por la Guardia Civil en un operativo Anticorrupción, y fue puesto en libertad provisional horas después. Fue cesado como presidente a consecuencia de esta investigación y le sustituyó en el cargo el expresidente del Govern Francesc Antich.

Solamente se ha levantado el secreto para una pieza separada, la identificada como 'Mahón-ASMEN', que afecta al presunto amaño del concurso de gestión de amarres en el puerto de Mahón, en Menorca.

Esta pieza se incoó a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. El auto de la juez cifraba en unos 300.000 euros el perjuicio económico para la administración portuaria por el supuesto amaño en este concurso, que se llevó a cabo el año 2017.

El auto apunta como implicados al expresidente de la APB así como al exdirector, Juan Carlos Plaza; la jefa de la Abogacía del Estado en Baleares, Dolores Ripoll; el jefe del área de gestión de la APB en la época investigada; el jefe de explotación; y un técnico de la APB en Menorca.

También se señala a empresas de la sociedad adjudicataria del concurso, Marina Asmen, a varios responsables de las mismas como investigados, y al expresidente de una patronal náutica de Menorca.

La juez apreciaba en el auto indicios sólidos para entender que la adjudicación a favor de Marina Asmen se había acordado con algunas autoridades políticas de Menorca y los empresarios investigados. Los investigadores creen que desde la APB se diseñó el concurso 'ad hoc' para Asmen y que se les transmitió con antelación abundante información de interés para la licitación, que no estaba al alcance de otras empresas competidoras, determinando así el resultado.

Además, señala a la abogada del Estado Dolores Ripoll, como asesora jurídica del Consejo, por haber emitido informes a favor de la adjudicación, presuntamente a sabiendas de las irregularidades que concurrían. En la documentación del caso consta, recoge la juez, que su pareja realizó trabajos remunerados hasta el año 2017 para una empresa indirectamente relacionada con Marina Asmen.

El auto destaca que la sociedad adjudicataria se constituyó en septiembre de 2017 exclusivamente para concurrir a este concurso, y que la cantidad ofertada en concepto de tasas por la ganadora era notablemente inferior a la de otros competidores.

Las diligencias también apuntan a que Asmen obtuvo importantes ingresos por conceptos que no estaban amparados por los pliegos, y que de hecho eran contrarios a los mismos, pero que la APB no hizo nada para solventarlo a pesar de tener conocimiento de estos hechos.

Por otro lado, la juez consideró que no existen indicios de participación en estos hechos de una empresa de servicios de arquitectura incluida en el proceso. En esta misma resolución, la magistrada ordenaba tomar declaración a los implicados, a una serie de testigos y a un perito.