El PI ha presentado una enmienda al decreto ley de fondos europeos para favorecer el cambio de uso de los hoteles a viviendas protegidas o centros residenciales. El Govern incluyó esta posibilidad en otro decreto ley previo, el que se aprobó hace un año con medidas urgentes para combatir la crisis generada por la pandemia.
En esencia, la propuesta del PI es que los alojamientos turísticos puedan reconvertirse en usos residenciales para vivienda protegidas, equipamientos de carácter sociosanitarios o asistenciales y usos administrativos, con preferencia para los asociados a proyectos de investigación científica.
Proponen que puedan acogerse a este cambio de uso los alojamientos turísticos que estén situados en zonas maduras donde haya emergencia habitacional, los establecimientos en situación de baja definitiva antes de mayo de 2020 y las edificaciones ya obsoletas.
El PI también propone que ese cambio pueda incluir otros usos no estrictamente residenciales, de forma que se pueda destinar una parte a establecimiento público, administrativo, comercial, deportivo, docente o sociocultural, que solo se podrán ubicar en la planta baja del edificio.
También abre la posibilidad de que todo el edificio sea demolido en caso de que su restauración sea inviable, pero en ese caso la nueva edificación deberá someterse a los parámetros urbanísticos en vigor.
El PI presenta esta propuesta después de que se haya sabido que, un año después de que se aprobara esta medida excepcional, ningún hotelero se ha interesado en promover un cambio de uso de sus hoteles, ni siquiera de aquellos que están obsoletos. En la presentación de este proyecto, el Govern aseguró que el objetivo era dinamizar la economía y dar un impulso al sector de la construcción.
Creada la comisión
A pesar de que no se ha presentado ni un proyecto, el Consell de Govern aprobó el pasado lunes la creación de una comisión encargada de supervisar todas las peticiones de cambio de uso. El conseller de Model Econòmic, Iago Negueruela, reconoció que esta propuesta del Ejecutivo no había funcionado hasta la fecha, pero sí destacó el buen funcionamiento del resto de medidas aprobadas en el mismo decreto ley, que luego se tramitó como proyecto de ley.
El Govern calculaba un impacto económico de 3.519 millones de euros con el desarrollo de todas estas medidas, pero sus previsiones se han reducido y han quedado finalmente en 3.500 millones de euros. Negueruela explicó que las medidas aprobadas resultaron decisivas para el mantenimiento de puestos de trabajo en el sector de la construcción pese a la pandemia.
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