Este jueves mismo se celebraron dos de los primeros de estos juicios en el Juzgado de Instrucción 4 de Palma. En los dos casos se trata de viviendas situadas en la barriada de Palma de Son Gibert. Tanto el Ibavi como la Fiscalía reclamaron contra los acusados penas de multa por usurpación y que se ordene la expulsión de los okupas. Solo en Palma son en torno al medio centenar los pisos que el Ibavi intenta desalojar a través de estos procedimientos judiciales que se dirimen en los juzgados de Instrucción. Los juicios se celebrarán en las próximas semanas sin demasiado retraso ya que, al ser procedimientos de juicio leve apenas implican instrucción.
En las vistas, los acusados admitieron carecer de ningún título que les habilitara para morar en las viviendas del Ibavi en las que se encuentran. Sin embargo, las defensas plantearon una posible falta de legitimidad de la administración para expulsarle porque esos pisos son gestionados por una organización no gubernamental desde hace años tras un convenio de colaboración con el Ibavi. Los dos juicios se celebraron y ahora están pendientes de sentencia. Los okupas, pueden intentar demorar un tanto más la situación con un posterior recurso ante la Audiencia Provincial.
El Ibavi no es la primera institución que recurre a la vía de los juicios por un delito leve de usurpación para limpiar sus pisos de okupas. El Ajuntament de Palma ya llevó a cabo una ofensiva judicial similar para conseguir vaciar una serie de pisos en la barriada de Camp Redó, que sistemáticamente eran ocupados por usurpadores. De hecho, hay una última oleada de ocupaciones por antiguos residentes de Son Banya. La mayoría de esos procesos terminó en conformidades en los que los acusados aceptaban multas mínimas a cambio de comprometerse a agilizar su marcha de las viviendas. En la misma situación también se encuentran una serie de viviendas que son propiedad del Ibavi en la misma de Camp Redó una de las especialmente conflictiva en materia de ocupaciones ilegales.
Denuncias
En el caso de la administración autonómica, antes de presentar las denuncias ha intentado en los últimos años mediar con los okupas para que devolvieran las llaves de forma negociada, esta solución no ha sido suficiente para recuperar de forma íntegra el parque y se ha optado por una medida más contundente.
Ante el reiterado problema de ocupaciones de sus pisos cuando se quedan vacíos, hace un año que el Ibavi ya tomó la decisión de instalar puertas blindadas y alarmas en las viviendas que estaban pendientes de ser adjudicadas a familias. También se implantaron una serie de protocolos para intentar prevenir las okupaciones ante la marcha de los adjudicatarios como la agilización de las notificaciones por parte de los inquilinos que vayan a dejar estos alojamientos.
La medida afecta casi a un 5% de las viviendas
Los procedimientos judiciales para desalojar okupas afectarán a cerca de un cinco por ciento de las viviendas que tiene el Ibavi en su parque, que son unas 1.800 en todas las Islas.
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