Los investigadores analizan el disco duro de las microcámaras de la Autoritat Portuària

Las fuentes policiales consultadas indicaron que en principio no hay indicios de ilegalidad en el hecho de que Pons ordenara colocar los dispositivos espía, ya que estaban «justificadas» sus sospechas de que podían entrar en el despacho cuando él no estaba.

Por otra parte, este viernes también trascendió que la Autoritat Portuària ha abierto una investigación interna -al margen de la policial o judicial- para aclarar si el procedimiento administrativo para contratar los dispositivos de espionaje se llevaron a cabo de manera correcta.

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De momento han aparecido algunas facturas pagadas a los detectives que instalaron las microcámaras y que en distintas ocasiones acudieron al edificio para comprobar lo que habían grabado, en la época en la que Pons era el presidente.

La policía también investiga si es posible que la grabadora, tras ser dejada allí por un despiste de Pons, siguiera funcionando durante años, «machacando» la información del disco duro para reemplazarla por la nueva, y no acabara quemada o averiada por falta de mantenimiento y uso continuado. La relación entre Pons y Gual de Torrella no era buena y entre ambos no se produjo un traspaso de poderes formal.

Por ese motivo, según el exjefe, no pudo comunicarle a su sucesor que en el techo del despacho y en el falso techo del baño había los dispositivos ocultos. El caso se destapó cuando Joan Gual de Torrella detectó que podía estar siendo seguido por detectives privados. Ya antes, años atrás, denunció ante Fiscalía que unos desconocidos habían intentado sabotear su coche particular, cuando estaba aparcado en la Autoritat Portuària, introduciendo unos cables metálicos en el tubo de escape.