Balears prohibirá el acceso de vehículos diésel a partir de 2025

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Presentación.

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15-02-2018

Balears prohibirá el acceso de vehículos diésel a partir de 2025 y el del resto de vehículos térmicos desde 2035, con el objetivo de conseguir que el 100 por cien de los vehículos que circulen en las Islas sean eléctricos para 2050.

Se trata de una de las medidas incluidas en el borrador del anteproyecto de la Ley de lucha contra el Cambio Climático, que han presentado este jueves la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, tras el Consejo Asesor de Energía.

Esta prohibición afectará no sólo a las nuevas matriculaciones sino también a los visitantes que se desplacen con su vehículo hasta las Islas en transporte marítimo.

Igualmente, la Ley obligará a los vehículos de alquiler a incorporar progresivamente vehículos eléctricos en su flota desde 2020, hasta alcanzar el 100 por cien en 2050.

El director general de Energía, Joan Groizard, ha explicado que en los últimos años Balears se ha convertido en la primera comunidad autónoma del Estado en puntos de recarga. Además, ha recordado el proyecto de diez millones de euros del impuesto de turismo sostenible destinados a la instalación de puntos de recarga a cinco años vista, «tantos como surtidores de gasolina y diésel puede haber hoy», según Groizard.

LAS EMPRESAS TENDRÁN QUE CALCULAR SU HUELLA DE CARBONO

Por otro lado, las grandes y medianas empresas tendrán que calcular y registrar su huella de carbono desde 2020. A partir de 2025, además, tendrán que presentar y ejecutar planes de reducción con objetivos mínimos vinculantes.

Según el conseller Pons, esta medida forma parte de una «apuesta fuerte» por la eficiencia energética.
Con carácter general, los edificios en suelo rústico aislados no destinados a usos agrarios se tendrán que autoabastecer con renovables.

Además, desde 2020, las nuevas instalaciones térmicas tendrán que justificar la no utilización de renovables y desde el 2025 las nuevas calderas tendrán que ser de gas natural o renovables.

Por otro lado, para 2025 se deberán sustituir los sistemas de alumbrado público para que sean de bajo consumo y los contratos de suministro de energía para instalaciones públicas tendrán que garantizar que utilizan energías renovables. Paralelamente, cada nueva política públicas tendrán que incorporar perspectiva climática.

Finalmente, con la ley de Cambio Climático el Govern creará un Instituto Balear de la Energía, una empresa pública que podrá comercializar energía, canalizar participación ciudadana en el sistema eléctrico, dar apoyo técnico a las instituciones y realizar estudios e informes.

Algunas de las medidas previstas en la ley ya se habían ido desgranando anteriormente, como la obligación de instalar placas solares en aparcamientos de más de 1.000 metros cuadrados o la transición del modelo energético --con la que la autorización de nuevas centrales térmicas queda condicionada a que la demanda no pueda cubrirse con la generación renovable--.

En este último apartado concurren competencias estatales, como con el cierre de Es Murterar y la conversión de la central de Mahón a gas natural, ha reconocido Pons, que ha recordado que el martes tienen una reunión con el comisario europeo de Energía para pedirle apoyo ante el Gobierno. «Esperamos que Europa sea coherente y le diga al Gobierno que se debe comprometer», ha señalado el conseller.

BALEARS «TIENE CLAROS LOS COMPROMISOS ASUMIDOS A NIVEL INTERNACIONAL»

La presidenta Armengol ha recalcado que esta ley pone a Balears «en la vanguardia» y que es una comunidad que «tiene claros los compromisos que ha asumido a nivel internacional».

Armengol ha recordado la alta dependencia energética del archipiélago y ha avanzado que esta Ley también supondrá un «refuerzo» de la marca turística.

La presidenta también ha valorado el «consenso» en la elaboración del borrador y ha considerado que la transición es «equilibrada» porque se hace de manera «progresiva».

En este sentido, ha confiado en que la ley se mantenga aunque se produzca un cambio en el Govern. «Es una ley solidaria con el mundo que queremos construir para los que vendrán después», ha concluido.

Por su parte, Pons ha defendido que «cada una de estas medidas es factible» y ha alertado de que en Balears «hasta hace poco» no se ha «tomado en serio la necesidad de abordar la lucha contra el cambio climático», reconrdando que las Islas son la comunidad con mayor dependencia energética del exterior, la menor implantación de renovables y una ratio de coches por habitante más elevada que la media estatal.

La ley saldrá próximamente a exposición pública y cualquier ciudadano podrá plantear alegaciones. Después de decidir cuáles incorporan, e informar a todas las Consellerias, se tiene que aprobar el anteproyecto en el Consell de Govern. Hecho esto, podrá entregarse al Parlament para su aprobación, que podría llegar a finales de año o principios de 2019.

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