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Diego Torres ha negado que los 300.000 euros que el Govern balear pagó a una empresa común con su exsocio Iñaki Urdangarin por crear una oficina de coordinación del equipo ciclista Illes Balears fuera una «comisión» por su papel de conseguidor.

Torres ha comenzado este viernes el cuarto día de su interrogatorio respondiendo al abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, quien le ha inquirido por ese contrato con Nóos Consultoría de la oficina que financiaron a medias las entidades públicas Fundación Illesport e Instituto Balear de Turismo (Ibatur).

«¿La oficina del proyecto del equipo ciclista era la comisión del señor Urdangarin?», le ha preguntado el abogado, a lo que Torres ha respondido tajante: «De ninguna manera» .

Ha contradicho así la versión que dio al tribunal otro acusado, el expresidente balear Jaume Matas , quien afirmó que esos 300.000 euros fueron la «comisión» o el «peaje» que pidió Urdangarin como «conseguidor» o «intermediador» para obtener el patrocinio del equipo ciclista.

Respecto a Matas, Torres ha dicho que no recuerda ningún contacto con él por el asunto del equipo ciclista, un patrocinio que ha considerado «estratégico» para Baleares, que tenía una «carencia importante» de proyectos deportivos.

Torres también ha contestado a las preguntas del abogado de Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia acusado en Nóos, y ha asegurado que no participó en ningún momento en el desarrollo y ejecución del contrato por el que la Generalitat valenciana encargó a Nóos la organización de la cumbre deportiva Valencia Summit.

«De hecho, al señor Grau le he conocido en esta sala», ha dicho en referencia a la sala de juicios en la que ambos se sientan como encausados.

Por debajo del mercado

El Instituto Nóos perdió dinero en sus contratos con administraciones porque cobraba «por debajo de los precios de mercado», ha asegurado Diego Torres al rebatir la tesis de la Fiscalía de que junto a su socio Iñaki Urdangarin se embolsó 5,8 millones procedentes de las arcas públicas.

El impulsor del Instituto Nóos junto a Urdangarin ha repasado a instancias de su abogado los informes con los que intenta probar que todo lo que facturó a administraciones de Valencia y Baleares correspondía a gastos reales por actividades que se realizaron y que, además, tuvieron un importante retorno para sus organizadores.

«Analizamos los costes de las cumbres del G8 y el G20», ha explicado Torres, que pese a asegurar que esos foros gubernamentales no eran comparables por su volumen, sí lo era el foro económico de Davos. «Era nuestra referencia», ha incidido para subrayar lo escaso de los recursos de los foros de Valencia y Palma.

Ha detallado que en el primero de esos encuentros sobre deporte y turismo, el Valencia Summit 2004, Nóos tuvo que aportar 247.000 euros para cubrir gastos por encima de los 900.000 euros (más IVA) que aportaban la Generalitat y el Ayuntamiento.

Lo mismo sucedió, aunque no ha precisado en qué cantidades, en los Valencia Summit de 2005 y 2006, con cánones de patrocinio idénticos al primero, mientras que los Illes Balears Forum de los mismos años, por los que el Govern balear abonó unos 2,2 millones de euros, no produjeron ninguna ganancia.

«Todo el dinero por patrocinio se aplicó a eso en su totalidad», ha enfatizado el socio de Urdangarin, que ha defendido que se ajustó estrictamente a lo pactado por la gestión de la oficina de seguimiento del equipo ciclista Illes Balears, adjudicada a Nóos Consultoría por 300.000 euros, y del proyecto de Juegos Europeos, que supuso 382.000 euros para la asociación sin ánimo de lucro.

Como ejemplo de la falta de lucro con costes inferiores a los reales, el acusado ha indicado que por cada investigación de las que desarrolló el Observatorio del Turismo ligado al Illes Balears Forum se pagó una media de 18.000 euros, «coste sustancialmente por debajo del mercado».

Por otro lado, el abogado de Torres, Manuel González Peeters, le ha preguntado «cuántas inspecciones fiscales ha sufrido y sufre», a lo que el procesado ha señalado que 26 y que Hacienda no ha dejado «absolutamente nada» por inspeccionar.

«Se me han exigido hasta los tiques de 0,30 céntimos de euros de una zona azul», ha enfatizado para denunciar un supuesto acoso al que ha hecho otras referencias durante sus casi 25 horas efectivas de declaración.

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