La pena solicitada para el exmandatario por los servicios jurídicos del Govern balear coincide con la que reclama el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach en su escrito de acusación presentado ayer ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que lleva este caso, han informado fuentes jurídicas.
La Fiscalía pide que Matas sea juzgado por presunta malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de prevaricación y falsedad en documento público (8 años), así como por un delito continuado de fraude a la administración (3 años).
Reclama, además, 20 años de inhabilitación absoluta para el expresidente, que ya está en prisión condenado por otro caso de corrupción, y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Para fijar las penas que solicita para Matas, el fiscal tuvo en cuenta la circunstancia agravante de reincidencia en los delitos de prevaricación, fraude a la administración y malversación.
Matas cumple una condena de cárcel de 9 meses y 1 día por tráfico de influencias, en régimen de tercer grado en la prisión de Segovia, por favorecer con fondos públicos al periodista que le escribía los discursos.
El expresidente ingresó en prisión el pasado verano y disfruta del tercer grado desde el 29 de octubre.
Al igual que el resto de acusaciones, la Abogacía de la Comunidad balear tampoco reclama que se lleve a juicio a la infanta Cristina, imputada como cooperadora en dos presuntos delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin.
Fuentes de la administración autonómica han indicado que, como ya adelantó el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, se ha excluido a la infanta del escrito de acusación porque su imputación no tiene nada que ver con los fondos públicos de Baleares presuntamente desviados.
Los abogados del ejecutivo balear se han centrado en los contratos del Instituto Nóos con organismos públicos de las islas, por unos 2,5 millones de euros.
Las entidades públicas Illesport e Ibatur adjudicaron contratos públicos a Nóos Consultoría Estratégica para celebrar dos ediciones del Illes Balears Forum y crear una oficina de prensa del equipo ciclista patrocinado por el archipiélago.
Según la Fiscalía Anticorrupción, dicha contratación se llevó a cabo amañando el procedimiento, intentando cubrir la apariencia de legalidad; simulando el respeto de los principios de publicidad, concurrencia e igualdad, falseando el contenido de documentos oficiales y, en algunos casos, abonando directamente facturas prescindiendo del proceso administrativo.
El fiscal considera que la suma global de fondos públicos desviada fue de 736.726 euros en el primer foro y 618.274 euros en el segundo, descontados los gastos en los que incurrió Nóos para organizarlos.
Además de Matas, también están acusados el ex director general balear de Deportes José Luis «Pepote» Ballester; el exdirector de la Fundación Illesport de Baleares Gonzalo Bernal; el exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, y el exsecretario del Ibatur Miguel Ángel Bonet.
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