El fiscal del caso, Pedro Horrach, había estudiado la posibilidad de recurrir el pronunciamiento dictado el pasado viernes en el que el tribunal provincial señalaba que corresponde al juez instructor, José Castro, decidir si cabe aplicar a la Infanta la doctrina Botín.
Según han informado fuentes jurídicas, Anticorrupción ha desechado la idea, aunque mantiene la posición de que la hermana del Rey no podría ser juzgada si solo lo solicita la acusación popular que ejerce Manos Limpias, en aplicación de la citada doctrina del Tribunal Supremo.
El fiscal Horrach se centra ahora en la elaboración del escrito de acusación en el que señalará quiénes, por qué delitos y con qué solicitudes de pena deben, en su opinión, sentarse en el banquillo.
El ministerio público, igual que la Abogacía del Estado, que representa en el proceso los intereses de la Agencia Tributaria, no acusará a la duquesa de Palma porque, al contrario que la Audiencia de Palma, entiende que no hay indicios de que cometiera delitos fiscales en cooperación con su marido, Iñaki Urdangarin.
Diez días
Ayer comenzó a contar el plazo de diez días hábiles abierto por el juez Castro para que las acusaciones y quien ejerza la acción civil presenten sus escritos de acusación solicitando la apertura de juicio oral.
Una vez recibidas todas las propuestas de acusación, corresponderá al juez instructor dictar el auto de apertura de juicio y será en ese trámite donde Castro deberá decidir si sienta en el banquillo de los acusados a la infanta solo con la acusación de Manos Limpias u opta por atenerse a la doctrina Botín.
En caso de que decida incluir a la hermana del Rey entre los acusados no cabrá recurso a su decisión, pero si sobresee la imputación aún le quedará a la acusación popular la posibilidad de recurrir ante la Audiencia para que adopte la solución definitiva.
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