En un primer momento, en la salida de la gran recesión parecía que se podría conseguir recuperar poder adquisitivo por la vía de fuertes incrementos salariales en un escenario de baja inflación. Pero llego la pandemia -y pese al esfuerzo realizado en políticas públicas negociadas con los agentes sociales que evitaron millones de despidos y que las empresas no tuviesen que cerrar- las personas trabajadoras vieron como sus rentas caían con fuerza, por eso a la negociación colectiva había que sumar una política salarial acompasada con la nueva situación, cosa que sucedió con las subidas del salario mínimo interprofesional y los acuerdos de pensiones. Hasta aquí, mucho esfuerzo para compensar, a duras penas, la pérdida de poder adquisitivo. Y llegó la crisis de la inflación: primero al colapsar la cadena de suministros después de salir de la pandemia, generando una crisis de oferta de algunas materias primas, y a partir de febrero del año 2022 con la invasión rusa de Ucrania. En ese año, la variación media de la inflación fue del 8,39% y en 2023 ha sido del 3,53%. En términos interanuales (diciembre sobre diciembre) la inflación en España se mantiene por encima de la media de inflación en la eurozona (2,9% como dato provisional).
Las medidas adoptadas para el control de precios y limitar los márgenes en algunos sectores inflacionistas -electricidad y gas- lograron contener la inflación, y evidenciaron la existencia de mejores alternativas menos dañinas a una política monetaria de trazo grueso que, con subidas indiscriminadas de tipos de interés, buscaba resolver la inflación destruyendo tejido productivo sano y capacidad adquisitiva de los hogares. Parece claro que debemos seguir incidiendo en la rebaja de los márgenes empresariales excesivos -energía y cadena alimentaria- y lograr que las bajadas en los precios de la energía y materias primas se trasladen completamente e igual de rápido a como lo hicieron las subidas en estos insumos.
Más allá del ritmo de variación de los precios, su nivel alcanzado con la crisis inflacionaria en comparación con los salarios ha hecho inaccesible muchos bienes y servicios básicos para muchas personas y familias trabajadoras. Adicionalmente, el poder de compra se ha visto doblemente lesionado en los hogares hipotecados o que deben alquilar una vivienda por la subida de tipos de interés y de los alquileres.
Este desequilibrio entre las condiciones laborales y el coste de la vida ha normalizado realidades inasumibles desde el punto de vista de una sociedad justa. El hecho de que una parte, cada vez mayor, de personas trabajadoras con empleos, en muchos casos a jornada completa, no tengan acceso a los recursos necesarios para un proyecto vital digno genera un creciente malestar que no se puede abordar sólo desde la negociación colectiva, ni siquiera sumándole políticas salariales que compensen parte del desequilibrio salarial. Se hacen necesarias políticas de control de precios, no solo en el gas y la electricidad, también se hace imprescindible en la vivienda. El precio medio de la vivienda está desbocado, los tipos de interés bajan a cuentagotas y el alquiler está imposible.
Necesitamos urgentemente grandes acuerdos en nuestro país, pero especialmente en nuestra comunidad, que nos sitúen en la senda de recuperar condiciones materiales de vida para un amplio segmento de la sociedad que en la actualidad se ve excluida y alejada de las instituciones con el peligro de involución democrática que ello conlleva.l
