El ejercicio dio comienzo con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero. La referida disposición trajo consigo la última prórroga automática de los ERTE hasta el 31 de marzo de 2022, así como la extensión de las medidas extraordinarias en materia de cotización y de protección por desempleo.
El estallido de la guerra en Ucrania y la elevada tasa de inflación tuvieron como primera respuesta la aprobación del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, que incluyó, entre otras, las siguientes medidas: (i) la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, (ii) medidas fiscales destinadas a paliar la escalada de precios de la electricidad y (iii) la bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos petrolíferos. Como es sabido, dichas medidas fueron prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2022 por el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio.
Durante el mes de julio se aprobaron dos cuerpos legales de gran trascendencia en el ámbito laboral. En primer lugar, Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que introdujo, entre otras cuestiones, restricciones a los despidos injustificados de trabajadores en situación de baja por incapacidad temporal (IT). Adicionalmente, el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, estableció un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos basado en los rendimientos reales de este colectivo con efectos desde el 1 de enero de 2023.
Mención especial merece la reforma concursal operada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, que, sin ánimo de exhaustividad, contiene las siguientes novedades: (i) los nuevos planes de reestructuración, un instrumento preconcursal dirigido a evitar la insolvencia, o a superarla, (ii) un procedimiento específico para preparar la venta de unidades productivas durante la fase previa al concurso, (iii) la eliminación de la propuesta anticipada de convenio o (iv) la ampliación de los supuestos de exoneración del pasivo insatisfecho.
Superado el estío, se promulgó la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, que incluyó dentro de su articulado los siguientes cambios: (i) la reducción de la cifra mínima del capital social de las sociedades de responsabilidad limitada a 1 euro, (ii) la supresión de la figura de la sociedad limitada nueva empresa -SLNE-, (iii) la ampliación del catálogo de actividades exentas de licencia o (iv) la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas para todos los empresarios y profesionales en sus relaciones comerciales.
Finalmente, en materia tributaria, el mes de diciembre trajo consigo una auténtica avalancha legislativa con importantes medidas contenidas en la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, la Ley 38/2022 y el Real Decreto-ley 20/2022, ambos de 27 de diciembre. Como aspectos a destacar, señalaría los siguientes: (i) ante todo, la aprobación del Régimen fiscal Especial de Illes Balears (REB fiscal), en reconocimiento del hecho específico y diferencial de la insularidad de la comunidad autónoma, (ii) el incremento de los tipos de gravamen del ahorro en el IRPF de cara a 2023, (iii) la tan polémica reducción del tipo impositivo del IVA a alimentos de primera necesidad, (iv) la aprobación del controvertido impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas o (v) la extensión de la moratoria contable hasta el cierre del ejercicio 2024.
Ha concluido, pues, un ejercicio que estaba inicialmente llamado a ser el de la estabilidad en todos los órdenes (después de dos años de excepcionalidad por mor de la pandemia). Con todo, nuestros poderes públicos se han topado de manera inesperada con un conflicto bélico a escala internacional, un escenario inflacionario adverso y la temida crisis energética. Factores todos ellos que, como se infiere de cuanto antecede, han sido determinantes en el devenir legislativo de 2022.
