V. MALAGÓNMallorca04/12/15 0:00
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El juez que investiga el caso de corrupción en la Policía Local de Palma envió ayer a prisión al oficial al mando de la Patrulla Verde en la actualidad, Feliciano Franco, y a un conocido sindicalista del cuerpo, Jaime Garau. El instructor coloca al primero dentro del núcleo duro de la trama de corrupción dedicada a cobrar a locales nocturnos de Palma a cambio de evitar sanciones. El segundo queda imputado de un delito de obstrucción a la justicia ya que hay sospechas de que ha coaccionado a testigos, también policías locales. Los dos contestaron a las preguntas del juez y de los fiscales Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau para negar los hechos.

El primero de los imputados en declarar es el jefe de la Patrulla Verde desde hace apenas un mes. Accedió al cargo justo después de que su antecesor, Gabriel Torres, fuera detenido y también ingresara en prisión por el caso. Su arresto se produjo después de que varios policías locales apuntaran a él como uno de los integrantes del grupo que extorsionaba a locales. En concreto existe una grabación en la que el agente asiste a la petición de dinero a un empresario de ocio nocturno y en la que no interviene para impedirlo. También existen varios expedientes en los que aparece su nombre y su firma junto al de otros de los policías sospechosos en la trama como su antiguo jefe Torres. Al quedar ubicado en esa trama se le investiga por una multitud de delitos que abarcan desde el cohecho y la pertenencia a organización criminal a la extorsión y las negociaciones prohibidas.

En el caso del sindicalista son varios los policías locales que afirman haberse sentido coaccionados o intimidados por él para que no hablaran sobre las supuestas irregularidades en el cuerpo. El papel de los sindicatos policiales ha sido cuestionado desde hace tiempo por la Fiscalía. Por ejemplo, en el juicio por torturas contra cuatro agentes del cuerpo celebrado el pasado verano, Miguel Ángel Subirán ya destacó su papel a la hora de intentar tapar ese tipo de comportamientos y les acusó de mantener actitudes corporativistas.

La investigación sobre la corrupción policial en Palma y Calvià permanece bajo secreto de sumario que el magistrado ha prorrogado por el momento al menos hasta el 29 de diciembre.