En la sentencia, facilitada este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el juzgado leonés considera probado que los más de 620 gramos de marihuana que encontraron en el domicilio de Triana Martínez, en los registros posteriores a su detención por el asesinato de Carrasco, tenían una finalidad de tráfico y no para el consumo con fines terapéuticos.
El juzgado ha condenado a ambas por un delito contra la salud pública y ha concluido que no «les ha convencido» la supuesta enfermedad de espalda, esgrimida por la madre como argumento del consumo de la marihuana con finalidad analgésica.
«No siendo ninguna de las sostenedoras de la droga consumidoras de la misma tenemos que estar necesariamente ante una posesión preordenada al tráfico», recoge la sentencia del Juzgado leonés, que también ha apoyado esa conclusión en la finca familiar ante la que las dos aparecen fotografiadas con plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento.
Además, el juzgado ha incidido en la «magnitud» de la sustancia encontrada, esos 620 gramos, y la «forma en la que aparecía distribuida»; ya que «el cultivo con fines de autoconsumo no requiere la distribución del producto en bolsas de pequeño formato» en las que se encontró la droga.
En la sentencia también se concluye que una cantidad de droga como la encontrada en el registro «supondría un aprovisionamiento» para más de dos meses, lo que también remite a un «acopio que excede al del consumidor-cultivador».
En el fallo se considera responsables a las dos acusadas y las condena a un año y seis meses de prisión, penas que considera «ajustadas» a la entidad real del riesgo del daño para la salud, por debajo de los dos años de cárcel que pedía la fiscalía.
Asesinato
Este juicio ha sido fruto de una causa separada del juicio por el asesinato de la expresidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, perpetrado el 14 de mayo de 2014, por el que madre e hija, junto a la agente de la Policía Local de León, Raquel Gago, de 42 años, serán juzgadas en enero del próximo año.
El magistrado presidente del Tribunal del Jurado que se ocupará del caso ha fijado el 18 de enero de 2016 como fecha para el inicio del juicio, que está previsto que se prolongue hasta el 17 de febrero.
El auto del magistrado Carlos Fernández ha determinado que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de asesinato con alevosía en concurso con un delito de atentado y otro de tenencia ilícita de armas.
Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares han solicitado una pena de 23 años de prisión para cada una de las tres acusadas por el crimen.
4 comentarios
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El, la, lo, los, las, criminal nunca gana.
Pero si tienen cara de ser devotas de José María Escribá
S'hi s'ha carregarèn una política,dolentes no són.
Espero que les caiga lo que pide la fiscalía