En la última jornada de una vista que se inició la semana pasada, el acusado de complicidad con los dos señalados como autores del crimen, Francisco A.A., que se enfrenta a una pena de cinco años de prisión, pidió perdón a los familiares de la víctima y afirmó sentirse arrepentido de lo sucedido.
Los defensores de los otros dos acusados, presuntos autores materiales del asesinato, recalcaron que no existen pruebas sólidas suficientes para incriminarles, ya que la acusación se basa principalmente en la declaración del supuesto cómplice.
«Es normal que la declaración de Francisco encaje, ya que es el único que afirma que estuvo allí», dijo la defensa de uno de los dos principales acusados, que se enfrentan a penas de 23 años de prisión cada uno.
Durante la séptima jornada de esta vista, la Fiscalía remarcó que existen pruebas suficientes que incriminan a José R.P. y a Luis M.A. como presuntos autores de la muerte a golpes y cuchilladas de José Julián R.C. durante el verano de 2010.
El ministerio fiscal afirma que la declaración de Francisco, que confesó haber llevado a José Julián del Río hasta el lugar donde fue asesinado, encaja perfectamente con el testimonio de la mujer de la víctima y con la investigación realizada por la Guardia Civil.
Por ello, en la sesión del viernes, la Fiscalía decidió modificar el escrito de acusación y rebajar la pena por cómplice de once a cinco años de prisión, y mantiene la petición de 23 años de cárcel para los dos supuestos autores materiales del crimen.
El tribunal entregó ayer el objeto del veredicto al tribunal popular, que ha quedado incomunicado para deliberar.
El cadáver de Carlos el Colombiano, nacido en Pereira Risaralda (Colombia) el 23 de abril de 1976, fue encontrado semienterrado en septiembre de 2010 por un cazador en la zona de es Fornàs, cerca del camí de Benimussa. Murió de una puñalada en el corazón, pero en el cuerpo se observaron evidentes signos de tortura. La identificación del cuerpo, descalzo, ataviado con un pantalón y una camiseta, fue muy laboriosa. El rostro estaba desfigurado, el cuerpo ya estaba corrompido y la única pista fiable era el aparato de ortodoncia que portaba.
En febrero de 2011, tras varios meses de investigación, la Policía Judicial de la Guardia Civil reventó la denominada operación Benimussa y detuvo a 23 personas, ocho de ellas por su presunta relación en este asesinato y el resto por presunto tráfico de drogas.
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