La Fiscalía pide cuatro años de prisión para el empresario Miguel Ángel Flores, el principal acusado en la causa, tres años de cárcel para otros once procesados, responsables de la organización y la seguridad del evento, y dos años y medio para los doctores Simón y Carlos Viñals, encargados de la enfermería del Madrid Arena.
Los abogados de las víctimas están en desacuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal por considerar que las penas solicitadas no responden a la gravedad de los hechos.
Las acusaciones populares, que ejercen el PSOE y Manos Limpias, elevan a 10 y 20 años, respectivamente, su petición de pena de prisión para el promotor de la fiesta.
Miguel Ángel Flores tendrá la oportunidad de declarar de nuevo ante el instructor del caso, tras admitir la Audiencia Provincial de Madrid la solicitud del empresario.
La intención de Flores es declarar sobre el contenido de la pieza de su situación patrimonial y sobre el informe de la Brigada Provincial de Policía Científica relativo al contenido informático de los ordenadores respecto a las entradas emitidas y vendidas.
El fiscal considera que Flores, con «un claro ánimo de enriquecerse», vendió más entradas de las que permitía el aforo ("un mínimo» de 22.800 frente a 10.620 de aforo), «con absoluto desprecio de las más elementales normas de cuidado que le eran exigibles por su condición de empresario dedicado al mundo del espectáculo».
Al vender el doble de las entradas del aforo autorizado, apunta la Fiscalía, era «fácilmente previsible que con ello se iba a sobrepasar la capacidad máxima del recinto, con el consiguiente riesgo para los asistentes a la fiesta».
El titular del Juzgado de Instrucción número 51, Eduardo López-Palop, encargado de la causa, mantiene la imputación de dieciséis personas, frente a las catorce que propone la Fiscalía, entre ellas el jefe de la Policía Municipal de la capital, Emilio Monteagudo, y el coordinador jefe del departamento de Seguridad de Madrid Espacios y Congresos, José Luis Rodríguez Caamaño.
Tras dos años de investigación judicial, López-Palop concluye que lo sucedido en el Madrid Arena fue «un proceso de integración y concurrencia de codicias, negligencias, dejación de funciones y actuaciones irracionales y temerarias», que dieron como resultado el fallecimiento de cinco jóvenes, que pudo y debió haberse evitado.
Entre los dieciséis acusados se encuentran los responsables de Diviertt -la promotora del evento-, Madrid Espacios y Congresos -empresa municipal que explotaba el pabellón-, Kontrol 34 y Seguriber -encargadas de la seguridad interior y exterior- y el máximo responsable de la Policía Municipal de Madrid.
Las acusaciones particulares coinciden en señalar que «nadie hizo nada» para evitar la tragedia y describen la concurrencia de una serie de hechos que dieron como resultado la muerte de cinco chicas.
Aluden al exceso de aforo, la apertura de los portones de mercancías y emergencias que permitieron el acceso al recinto de miles de personas que se encontraban en el «botellón» en el exterior del pabellón, la ausencia de requisas, la ineficacia del control de cámaras y la falta de dotación de la enfermería.
La aglomeración de personas en la planta baja del pabellón y la entrada masiva de personas, la mayoría en estado de embriaguez, procedentes del «botellón» que había en el exterior del recinto, a través de dos portones de emergencias y mercancías, provocaron la sobresaturación de la pista central.
La coincidencia de jóvenes que intentaban entrar para ver el espectáculo del pinchadiscos Steve Aoki y otros que pretendían salir por la misma vía produjo una avalancha humana en uno de los accesos al recinto, que hizo caer al suelo a un numeroso grupo de jóvenes, entre los que se encontraban las cinco niñas.
Cristina Arce, Katia Esteban, Rocío Oña, Belén Langdon y Teresa Alonso se vieron atrapadas bajo una «muralla humana» que ejerció una presión letal sobre sus cuerpos.
Amigos y familiares de las víctimas se reunirán esta noche en una vigilia-homenaje a las puertas del Madrid Arena, con flores y velas, para pedir justicia y exigir compromisos a las autoridades para evitar que se repita esta tragedia.
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