La ‘operación Pitiusa, que lleva más de 150 imputados en todo el país, comenzó en Eivissa

Los investigadores empezaron a tirar del hilo cuando un policía local compró una casa en la Isla

PALMA. POLICIA NACIONAL. BRIGADA DE DELITOS INFORMATICOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA.

Entre los detenidos hay numerosos funcionarios y directivos de empresas, en especial de telefonía. | ALEX SEPULVEDA

J.M.A.Eivissa04/08/12 0:00
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Aunque la relación es meramente accidental, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que están llevando a cabo la mayor operación realizada nunca en España contra una red de tráfico de datos la bautizaron como ‘operación Pitiusa' porque fue en Eivissa donde, de alguna manera, comenzó la investigación. Por el momento, la policía ha imputado a más de 150 personas, y no se descartan más detenciones. Entre los detenidos hay numerosos funcionarios y altos directivos de empresas privadas, especialmente de telefonía.

Todo comenzó cuando, el año pasado, los agentes detectaron el comercio de datos. Tirando del hilo llegaron hasta un agente de la Policía Local de Santa María de Palautordera, una localidad cercana a Barcelona de unos 10.000 habitantes, que adquirió una casa en Eivissa.

Los investigadores sospechan que esta persona hacía funciones de detective y que se ayudaba de su acceso a datos de los que tan solo los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen derecho a consultar.

El hecho de que se haya empleado el nombre de Pitiusa para bautizar esta operación ha levantado cierto malestar en algunas personas, supuestamente por lo que tendría de ofensivo hacia la imagen de la Isla.

En clave local

Pero no es la primera vez que un cuerpo policial elige este nombre para una operación. En clave local, la Guardia Civil de Eivissa también bautizó como «operación Pitiusa» la investigación que derivó en al detención, en el año 2008, del exarquitecto del Ayuntamiento de Sant Josep Antonio Huerta y su hijo y su nuera.

Tras pasar varios meses en prisión, Huerta salió en libertar provisional en marzo de 2009. A Huerta se le imputan delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, negociación prohibida a funcionarios y blanqueo de capitales, además de un delito contra la ordenación del territorio.

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