El juez instructor de las presuntas irregularidades cometidas a través del Instituto Nóos, José Castro, ha advertido a la joven que solicitó personarse en estas pesquisas como acusación particular de que «se ha equivocado de puerta» cuando su pretensión pasaba por denunciar la actuación de «jueces y fiscales» en otra causa distinta, y en este sentido el magistrado ha defendido la labor que, en el caso de las investigaciones sobre Nóos, está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción.
De hecho, mediante un auto dictado ayer, al que tuvo acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma incide en que «en esta causa no solamente no se está investigando ninguna dejación de funciones de la Fiscalía sino que, muy al contrario, se valora altamente el esfuerzo que está llevando a cabo».
En su resolución, de 14 páginas, el juez desestima por tanto los recursos de reforma que interpusieron tanto la joven, Penélope Ainhoa S.H., como su madre, después de que Castro rechazase que ambas formasen parte de este proceso judicial.
Y es que, tal y como expuso en el escrito mediante el que solicitó personarse, la modelo quería dirigir sus actuaciones contra «la figura del Fiscal-Jefe y en última instancia contra la Fiscalía General del Estado» al considerar que, en el marco de otra causa, «jueces y fiscales» vulneraron sus derechos fundamentales como consecuencia del archivo de su denuncia por abusos sexuales por parte del príncipe saudí Alwaleed bin Talal en Eivissa.
Ante esto, el juez instructor de las investigaciones en torno a la entidad presidida entre 2004 y 2006 por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, desestimó su petición al considerar «jurídicamente aberrante» la pretensión de ambas por no tener sus argumentos relación alguna con el contenido de la pieza sobre Nóos.
En este contexto, Castro expresaba su oposición «ya no porque nada tengan que ver» sus pesquisas con la denuncia que la joven interpuso por violación -sobreseída por falta de pruebas-, sino porque el órgano competente para instruir cualquier causa que tuviera como destinatario al Fiscal General del Estado sería la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
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