El dueño de «El Club» alega en el juicio que la música no superaba los 90 decibelios

La Audiencia Provincial de Palma inició ayer el juicio contra los responsables de un local de ocio de Eivissa por causar molestias a vecinos desde finales de 2005, debido al elevado volumen de la música en horas de madrugada. Inicialmente, el fiscal pide un total de 18 años de cárcel para los procesados, a los que atribuye un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como importantes multas ecónomicas y 3.000 euros de indemnización para cada uno de los cinco perjudicados que han venido denunciando a los procesados.
Procesados
El local problemático se denomina «El Club» y está en los bajos del inmueble situado en la calle Pedro de Portugal número 9. Hasta finales de 2005 este establecimiento era un teatro, contaba con licencia de teatro y no había causado molestias a los vecinos. A finales de 2005 fue remodelado y se convirtió en el local de ocio «El Club», explotado por la sociedad formada por Sebastián G, Carlos F.H. y Pedro T.P., quienes lo traspasaron en enero de 2008 a José Manuel S.P., quien lo regenta en la actualidad.
El fiscal pide cinco años de cárcel para cada uno de los tres socios que lo inauguraron y tres años de prisión para el comprador. Ayer, al comenzar el juicio, los cuatro negaron los hechos que se les imputan y trataron de poner de manifiesto que siempre habían tratado de colaborar con los vecinos para arreglar los problemas de ruidos, y que ya antes de que el local iniciara su actividad los vecinos habían estado en contra, denunciando la ejecución de las obras.
«El Club» inició su actividad a finales de 2005 y poco tiempo después logró la licencia de café concierto, lo que le permitía tener música hasta las seis de la mañana.
Tanto los primeros dueños como el que les adqurió el negocio manifestaron que hablaron con los vecinos varias veces y adoptaron medidas como doble puerta, cambiar el equipo de música, los altavoces o poner un regulador de decibelios que no era exigido por la normativa, para solventar los problemas de insonorización. El actual dueño, por su parte, manifestó que la licencia que «tenemos es para 100 decibelios y trabajamos por debajo de 90». También achacaron los ruidos a un bar o un hostal cercanos y a los ruidos de la gente en la calle.
Sin embargo, las molestias no se solventaban y los vecinos interpusieron una docena de denuncias, la policía constató varias veces que se superaba el nivel de decibelios permitido y el Ajuntament realizó media docena de expedientes sancionadores por ruido.
Ayer, finalmente, el caso llegó a juicio aunque se suspendió hasta el próximo 13 de diciembre, cuando se reanudará en Eivissa.