La incomparecencia de tres de los doce subsaharianos que habían sido citados ayer por el juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa para responder por un supuesto delito contra la propiedad industrial tras una redada policial realizada hace cuatro años en Sant Antoni motivó el aplazamiento de la vista oral hasta julio de 2010.
Así lo acordaron todas las partes implicadas en una causa que se inició después de que la Policía Nacional llevara a cabo registros en tres inmuebles de Sant Antoni en la noche del 14 de julio de 2005, actuación que se saldó con 26 detenidos y el decomiso de cien éxtasis, así como abundantes efectos falsificados.
El juzgado había citado además de a 12 de los acusados que han podido ser localizados, para quienes el fiscal pide una condena de dos años de prisión y la inhabilitación durante este tiempo para comerciar, a cuatro agentes de la Unidad de drogas y Crimen Organizado (Udyco), uno de ellos con destino actual en Guinea y a los seis abogados que representan a los sospechosos.
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