La Fiscalía de Eivissa ha solicitado que el caso del agente de la Policía Local de Sant Antoni acusado por la comisión de un supuesto de malversación de caudales públicos y otro de falsificación de documento público, es decir, quedarse con el dinero de algunas de las multas que imponía y cobraba ipso facto, se dirimido por un jurado popular, informaron fuentes del Ministerio Público.

La petición debe ser atendida por el titular del juzgado de Instrucción número 2, José Espinosa, que lleva el caso, lo más probable es que el juicio contra este policía se tuviera que celebrar en Mallorca, ya que en los juzgados de Eivissa no hay una sala adecuada para ello. No obstante, tal vez en el edificio CETIS, que albergará de forma provisional alguna instancia judicial, podría realizarse un juicio de este tipo.

La Fiscalía denunció al agente en octubre del año pasado a instancias de una denuncia de la Policía Local de Sant Antoni, cuyos responsables detectaron que, presuntamente, este agente imponía multas a conductores que pagaban al momento y se quedaba con el dinero. El Ayuntamiento de Sant Antoni suspendió de empleo y sueldo a este policía en cuanto se tuvieron pruebas de la presunta malversación, lo que ocurrió a principios de julio. En aquellas fechas, el agente multó a un conductor con 150 euros por no disponer de los triángulos de señalización de avería y con otros 150 por no llevar los repuestos obligatorios.

Vehículo de alquiler

El conductor entregó los 300 euros al agente. Al tratarse de un vehículo alquilado en Hertz, el conductor reclamó el dinero de las multas a la compañía, que se lo entregó al reconocerse responsable de las carencias del vehículo. Los encargados de Hertz decidieron acudir al retén de la Policía Local de Sant Antoni para reclamar el descuento legal por el pago inmediato de la multa y cuando se fueron a cotejar las copias de los recibos con los originales se descubrió la presunta malversación: sólo había constancia de una de las dos multas. Cuando el policía entregó al conductor multado la copia de las dos multas, cortó supuestamente de una de ellas el número de registro y la parte de abajo, donde ambos tienen que firmar.

Después se descubrió otro caso exactamente igual al anterior y finalmente se comprobó que faltaba del retén policial un boletín de multas que debía estar allí. Fuentes del Ministerio Público señalaron ayer que los responsables de la Policía Local de Sant Antoni sospechan que pudo gastar todo el talonario de multas y quedándose con el dinero.

El juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, José Espinosa, citó a declarar como imputado al policía de Sant Antoni denunciado por sus jefes y la Fiscalía por, supuestaeente, quedarse el dinero de algunas de las multas que imponía a los conductores. Elagente éste podría acabar siendo acusado por un delito de malversación de fondos públicos, un supuesto castigado con una pena de entre tres y seis años.