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La huelga de jueces de esta semana, seguida por entre el 25% y 30% de los magistrados del país y el 28% de los de Balears, llegó en Eivissa al cien por cien. En la primera convocatoria, en febrero, dos de los ocho magistrados de la isla decidieron no secundarla. Parece evidente que, ahora, todos los jueces titulares de la isla están convencidos de la utilidad de la huelga como el único modo conocido de que las administraciones se tomen en serio los problemas de los juzgados de Eivissa y pongan solución.

Miedo al parche. Uno de los magistrados, José Espinosa, mostró su temor de que las soluciones provisionales acaben por retrasar aún más la definitiva, que no es otra que definir, de una vez por todas, dónde, cómo y cuándo se levantará el nuevo edificio judicial. «La medida de los traslados al edificio del CETIS [de algunos órganos judiciales] es válida de manera provisional, pero esto no puede ser una puerta abierta al olvido», declaró Espinosa.

Guirigay administrativo. Son tantas las administraciones que deben ponerse de acuerdo antes de que comiencen las obras que el temor del juez está más que justificado, y más aún teniendo en cuenta el precedente de la Comisaría, en principio un lío menor en comparación con los juzgados, cuya construcción está siendo anunciada desde 2002 y aún no ha comenzado, al menos que se sepa.

Tirando el dinero. Mientras llega el día soñado, el Ministerio de Justicia ha decidido pagar a los propietarios del CETIS un alquiler por unas dependencias provisionales, un dinero que se podría haber ahorrado si las administraciones implicadas sintieran realmente la presión de que existe un problema y que hay que resolverlo, aunque sea de manera extraordinaria, como se supone que se ha hecho con la Comisaría a través del Consejo de Ministros. «No queremos que esta situación se eternice», declaró Espinosa. Que tomen nota las administraciones implicadas: el cien por cien de los magistrados de Eivissa se declaró en huelga.