El juez José Espinosa, titular del juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, no descarta prolongar un día más su guardia para poder tomar declaración a todos los detenidos de la banda británica de Sant Antoni desmantelada y decidir quiénes deben ir a prisión y quiénes no. La Guardia Civil agota esta mañana las 72 horas que marca la ley para poder tener privado de libertad a un sospechoso sin orden judicial.
El problema al que se enfrenta el juzgado es que es muy probables que no dé tiempo a tomar declaración en un solo día a todos los acusados, circunstancia por la que se pueda prever ampliar en 24 horas más el plazo de su arresto.
Diligencias
La Guardia Civil, que debe presentar en el plazo de 72 horas el complejo atestado en el que se enmarca una investigación que recoge las pesquisas con las que se ha conseguido apresar desde los cabecillas de la red hasta los últimos vendedores, continuaba ayer las diligencias con los 25 detenidos de la banda desarticulada en la denominada operación Trafalgar.
Según fuentes judiciales, no se había podido tomar declaración a la mayoría de los imputados y se barajaba como también como muy posible que la sprimeras manifestaciones oficiales de los acusados, quienes pueden acogerse a su derecho a guardar silencio, tuviera lugar en la misma sede judicial. Ello supone empezar prácticamente desde cero, con el agravante de que no era el juzgado de Espinosa en el que recaía la investigación, sino en el de Instrucción número 1, dirigido por el magistrado Juan Carlos Torres. A todas estas dificultades se añaden que las declaraciones deben producirse con la ayuda de intérpretes, hecho que supone doblar el tiempo de los interrogatorios que se prevean.
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