Finalmente el caso del edificio Barceló se dirimirá en enero de 2010, exactamente nueve años después de que se derrumbara el edificio y dejara en la calle a varias familias. Será uno de los juicios más largos que se recuerdan en Eivissa: siete días, de lunes a viernes y el lunes y martes siguientes, declararán unos 80 testigos y 20 peritos (algunos de ellos lo harán a través de videoconferencia), habrá ocho acusaciones particulares además de la del Ministerio Fiscal -en total son unos 20 afectados-, los acusados son tres y se necesitará una sala especial para que quepa todo el mundo.
Presiones
El fiscal reclama a los tres acusados, dos representantes de Barceló Viajes e Inmuebles Balears y el administrador de Construcciones Saguri, indemnizaciones que suman 1,77 millones de euros.
Después de que el Juzgado de Primera Instancia número 1 dictara el pasado enero el auto de apertura de juicio oral, coincidiendo con la huelga de hambre emprendida por dos de los afectados, Juan José Peciña y Juan Manuel Miranda, y con las presiones ejercidas por la adjunta primera al Defensor del Pueblo, la ibicenca María Luisa Cava de Llano, el reparto ha puesto el caso en manos en el Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa, cuya titular, Clara Ramírez de Arellano, ha elegido enero para celebrar el juicio con el fin de dar tiempo a los once abogados, ocho de la acusación particular y los tres de los encausados, para que reserven las fechas y no se produzcan suspensiones.
Además de las indemnizaciones, el Ministerio Fiscal acusa a los tres procesados por la presunta autoría de un delito de daños por imprudencia grave, castigado con sanción económica, y reclama una pena de 27.000 euros a cada uno de ellos.
Licencia
Durante el juicio saldrá a relucir el asunto de la licencia del edificio, uno de los aspectos más oscuros del caso. Durante la huelga de hambre del pasado enero, Santiago Lucas, el abogado de Juan José Peciña y Juan Manuel Miranda, cargó contra el Ayuntamiento de Eivissa, con cuyos responsables se mostró indignado porque, dijo, nadie se interesó por el estado de salud de sus clientes, apostados a la intemperie en la puerta de los Juzgados, «máxime cuando ellos [el Consistorio] son los responsables [del hundimiento] por omisión», ya que, según este letrado, «no vigilaron, no había licencia y el arquitecto municipal colaboraba con Barceló». No obstante, ni el Ministerio Fiscal ni ninguna de las ocho acusaciones particulares han presentado denuncia contra el Ayuntamiento de Eivissa ni contra el arquitecto municipal que, según Lucas, también colaboraba con una de las empresas reclamadas.
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