B.A.G., el constructor a quien se acusa de amenazar y coaccionar al alcalde y al primer teniente de alcalde de Santa Eulària para conseguir permisos de obra, declaró en el Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa el pasado 26 de febrero y, tras ser escuchado, se le retiró el pasaporte y quedó en libertad con cargos. Posteriormente su abogado solicitó que le fuera reintegrado el pasaporte alegando para ello que el constructor tiene que atender sus negocios en el extranjero, pero la fiscal del caso informó negativamente y el juez no concedió la petición. Está imputado por los supuestos de amenazas y coacciones graves.
B.A.G. se encontraba en la República Dominicana por motivos familiares cuando el alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, y el primer teniente de alcalde, Mariano Juan, denunciaron las supuestas amenazas. Ambos llegaron declarar ante la Guardia Civil que eran víctimas de un «grupo mafioso» y que temían «por su vida y la de su familia». Aunque no ha trascendido el contenido de la declaración del constructor, sí se sabe que su representante insistió en el juzgado en que su cliente no se encontraba huido en la República Dominicana, sino que estaba allí por motivos familiares, y que regresó a Eivissa para declarar de forma voluntaria una vez que Marí y Juan denunciaron e hicieron público el caso a través de una nota enviada a los medios de comunicación.
Según fuentes judiciales, de la investigación realizada por la Guardia Civil tras la denuncia de los políticos se desprende, supuestamente, que el constructor contrató los servicios de un policía local de Sant Antoni que, al parecer, tenía una agencia de detectives, y que, siempre según las pesquisas de la Guardia Civil, envió una carta amenazante a Marí y Juan a nombre de un ingeniero, R.K.R., que firmaba trabajos para el Ayuntamiento de Santa Eulària. El policía local de Sant Antoni, J.G.R., que fue grabado por las cámaras de la oficina de Correos cuando enviaba la carta, fue detenido, declaró ante el juez y quedó en libertad provisional. El Ayuntamiento de Sant Antoni le suspendió cautelarmente de empleo y sueldo.
«La mierda al cuello»
«Estamos todos con la mierda hasta el cuello», decía la carta enviada a los más altos cargos municipales. Para no revelar presuntas irregularidades urbanísticas se exigían 120.000 euros y la concesión de licencias de obras en Cala Mastella. En la carta también había un disco compacto que se sospecha podría haber sido grabado por un técnico en telefonía que también fue interrogado y que lo negó en el que se escucharían conversaciones telefónicas del alcalde, el teniente de alcalde y el ingeniero y cuyo contenido aún no ha trascendido.
B.A.G. trabajaba a través de la empresa Vista a Mastella para el Ayuntamiento de Santa Eulària y también para algunas de las actividades privadas de R.K.R., quien a finales del año pasado quiso dejar de tener tratos con él porque, según fuentes de la investigación, detectó presuntos sobornos y coacciones relacionadas con viviendas edificadas sin licencia. B.A.G. también está acusado de extorsionar a particulares con asuntos urbanísticos.
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