Sin poder volver a pisar el territorio español en el plazo de diez años. Ésta es la condena que aceptaron ayer cuatro brasileños, uno de ellos preso, después de que la policía desmantelara en Eivissa un «negocio» de cobro a inimigrante de este país sudamericano para conseguirles documentos de identidad portugueses que les ayudaban a obtener permisos de residencia comunitaria en territorio Schengen. Las falsificaciones fueron descubiertas después de que la Brigada de Extranjería investigara desde febrero del año pasado las actuaciones y contactos que supuestamente trazaba un individuo desde un locutorio de Vila.
La operación policial que acabó con esta trama se inició en mayo con la detención de una persona en Palma. A ella siguió el arresto de otros cuatro brasileños en Eivissa. Por los documentos que acreditaban la nacionalidad portuguesas se pagaban cantidades que alcanzaron al menos los 1.300 euros.
La titular del juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa, la magistrada Martina Rodríguez, resolvió ayer la extradición de cuatro de los detenidos después de que todos ellos se reconocieran autores de un delito de falsificación documental y aceptaran sustituir penas de cárcel por la de expulsión, que en el código penal español se establece por un periodo de diez años.
El principal acusado, actualmente en prisión, fue condenado formalmente a dos años y medio de cárcel. La policía consideró a dicha persona el cerebro de la trama. Los otros tres acusados, que se conformaron con penas de seis meses de reclusión, compraron papeles falsos al anterior. La condenada también incluyó el pago de una multa de 2.160 euros para el máximo responsable del grupo y de sus «clientes».
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