Un precio muy alto

El reglamento interno de la Guardia Civil prevé que los agentes o mandos con una condena firme que implique la inhabilitación para cargo público perderán de forma automática y permanente su vinculación con el cuerpo y los privilegios que hubieran acumulado durante su permanencia en el mismo. Los tres mandos fueron condenados ayer, además de a penas de tres años de prisión para los coroneles y seis meses para el capitán, a inhabilitación especial para ocupar un empleo o cargo público durante dos años.

Plazo

De momento, la condena de la Audiencia Provincial de Palma no se ejecutará ya que contra ella se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. Para ello, las defensas tienen un plazo de diez días a partir de la notificación de la sentencia a todos los acusados. Si no cumplen con ese plazo la sentencia pasaría a ser firme, algo que no ocurrirá. De momento, la defensa del coronel Cuadri ya ha anunciado su intención de recurrir, dado que la Fiscalía no presentó cargos en su contra. El resto de abogados estudian el contenido del documento.

Los coroneles y el capitán fueron condenados por la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma por falsificar un expediente de obras para desbloquear 12.000 euros para comprar muebles en la residencia del jefe de zona. Para ello presentaron una factura falsa y un certificado de obras de reforma del cuartel conformada por un constructor de Calvià. El empresario cobró la factura y entregó el dinero a los cargos de la Guardia Civil que lo emplearon para comprar el mobiliario. El empresario que colaboró con los tres altos cargos falleció meses después del juicio, por lo que su responsabilidad penal quedará extinta.