El sospechoso ibicenco, D.A.M.J., un vecino de Platja den Bossa de 43 años que vivía con su madre, de 57, fue requerido por agentes del Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Comisaría de Eivissa en el marco de una operación que finalmente se ha saldado con 34 detenidos, otros 23 imputados y más de cuatro millones de archivos intervenidos (88 discos duros) en los 51 registros que se llevaron a cabo en una veintena de provincias españolas. D.A.M.J. no llegó a ser detenido pero sí figuró como imputado en las actuaciones policiales. Las víctimas, entre las que figuran bebés, son menores de 13 años no españoles .
La policía ya informó el pasado mes de noviembre de que dos personas residentes en la isla habían tenido que prestar declaración en calidad de imputados por una investigación de gran envergadura contra la pornografía infantil que se inició en su día en Alemania y que, según ha trascendido ahora, también alcanzó al Reino Unido. Las posteriores investigaciones judiciales que se han llevado a cabo han permitido colegir que presuntamente sólo una de las personas que vivían en el domicilio ibicenco donde se halló el material ilegal tenía acceso al ordenador donde se efectuaron las descargas, archivos que forman parte de las imágenes decomisadas. El contenido del material que tenía en su poder dicha persona ya ha sido puesto en conocimiento del juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, quien, a su vez, dará parte de todo ello al juzgado de la Audiencia Nacional que comanda la totalidad del la investigación. El acusado ibicenco, tras declarar, quedó en libertad.
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La Brigada de Investigación Tecnológica (BIT), responsable de las pesquisas policiales, ha conseguido con este servicio concretar distintas líneas de búsqueda que se habían abierto este año con otras operaciones y que se han centrado en personas que obtenían estos archivos bien intercambiándolos en los gestores de descargas (P2P) o bien a través de pagos que se realizaban con tarjetas de crédito.
De hecho, los agentes, en el inicio de la investigación, identificaron a cuatro usuarios españoles que habían adquirido este material mediante pagos con tarjeta de crédito desde una página web que ofrecía acceder a un espacio dedicado a la distribución de dicho material.
La Brigada de Investigación Tecnológica se creó en 1995 y desde que se puso en marcha la Sección de Protección al Menor, con la misión específica de investigar la producción, distribución, exhibición o tenencia de material pornográfico infantil a través de la red, son más de 1.000 los detenidos. Sólo en este año, hasta la fecha, son ya 408 los arrestados por estos delitos.
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