El fiscal pide cinco años de cárcel para un promotor urbanístico de Eivissa al que se acusa de estafar a tres personas con la venta de unos pisos en Can Riambau que, según el escrito del ministerio publico, fueron acabados sin contar los permisos necesarios y enajenados con distintos engaños. Además, el escrito fiscal establece una pena igual de inhabilitación profesional, una multa de 18.000 euros y una indemnización de 60.000 euros para cada uno de los afectados.
El acusado, que tendrá que sentarse en los próximos días en un banquillo ante la Audiencia Provincial, interpuso varias denuncias contra los perjudicados por una supuesta ocupación indebida después de que no se avinieran a sus deseos. Según la acusación pública, ello «acarreó gatos por la contratación de abogados y procurados y los derivados de los pleitos, sufriendo la incertidumbre prolongada de la situación». En esta misma calificación se tiene en cuenta también el «pesar por habitar una vivienda de forma precaria, dado que se carecía de cualquier permiso, y careciendo de medios económicos con los que sufragar el pago de otra vivienda, sufriendo a causa de todo ello una duradera situación de angustia y ansiedad».
Los hechos que va a enjuiciar el tribunal se remontan a hace ocho años, fecha en la que la sociedad Promociones Fontalba Casado, de la que era administrador único el acusado, comenzó una construcción de tres plantas para seis viviendas. La construcción pasó por distintas vicisitudes sin tener licencias. Según el fiscal, el promotor incluso pidió que se quitara un precinto para retirar la maquinaria que existía, acción que aprovechó para terminar la obra. Luego, vendió las casas manteniendo en secreto todos los problemas que acarreaba el edificio.
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