«Los cuatro acusados, puestos de común acuerdo, y con el propósito de atemorizar tanto al propietario como a los empleados, sentados en una mesa le dijeron a una camarera en su mismo idioma cuando ésta pasó a su lado que la matarían si los denunciaba. Todo ello, al tiempo que le decían que sabían donde vivían».
Éstos son los hechos que considera como probados la juez Martina Rodríguez, responsable del juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa y que ha establecido en una sentencia, además de condenar a los sospechosos a un año de cárcel, la imposibilidad de que éstos entren en el bar afectado durante el mismo tiempo, así como acerquen a menos de cien metros a la empleada que soportó las últimas amenaza de este grupo. Dicho bar se encuentra situado en la avenida de España de Vila.
La sentencia también considera como probado que los cuatro acusados, todos ellos de nacionalidad rumana, estuvieron durante un mes «visitando con asiduidad» dicha cafetería y que «realizaron diversas consumiciones negándose a pagar las mismas».
La policía puso fin a esta situación a las diez de la mañana del pasado 12 de julio después de que los detenidos sumaran en su cuenta un debe en copas de 72,60 euros. Según la información recogida por los agentes, uno de los acusados, además, llegó a dar fuerza a sus amenazas esgrimiendo un palo de billar mientras miraba a la camarera. La afectada no quiso ratificar su denuncia ni en Comisaría ni en el juzgado por temor, según recoge también el fallo.
Los acusados, pese a todo, aseguraron en el juicio que lo único que habían hecho era «hablar fuerte». Sin embargo, el propietario y los empleados contabilizaron una colla formada por diez rumanos que habían adquirido la práctica de presentarse en el bar y no pagar.
La juez da especial validez al «silencio» de la camarera afectada por el testimonio que también prestaron el dueño del local, así como su hijo, empleado en el mismo establecimiento, y los policías que intervinieron. Todos ellos ratificaron el comportamiento «mafioso» de los acusados.
La juez considera que la camarera que sufrió directamente las amenazas estaba «verdaderamente atemorizada» cuando no quiso declarar, produciéndose una «falta de libertad en la misma» pese a que le recordó su obligación de testificar. Las amenazas le ocasionaron «temor y desasosiego» , según establece la sentencia.
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