El juicio por este caso fue visto ayer por la jueza Clara Ramírez, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa.

Tras el juicio, que tendrá que reanudarse, la Fiscalía mantuvo la petición de tres años de prisión e inhabilitación especial, además de una multa de 3.600 euros, para B.C.R. y V.J.E., acusados de haber vertido una «gran cantidad de residuos urbanos» en la finca ses Planes d'en Furnet, en Jesús, municipio de Santa Eulària. Según el escrito de acusación, estas actividades podrían haber comportado un riesgo «grave» de contaminación del acuífero y sobre las personas porque en la zona existe una captación de agua para riego y uso doméstico. Por su parte, las defensas de ambos acusados solicitan la libre absolución de sus clientes, para lo que alegan que lo que hicieron no es un «vertedero ilegal» sino que, en realidad, levantaron con «restos inorgánicos» varios bancales destinados al cultivo.

El juicio por este caso, que fue suspendido el pasado 12 de febrero a consecuencia de la huelga de los funcionarios de Justicia, tampoco quedó ayer visto para sentencia. En esta ocasión fue el fiscal quien pidió el aplazamiento, ya que dijo que quiere reelaborar determinadas cuestiones del escrito de acusación, aunque, según las defensas, no puede modificar la petición de prisión ni el tipo de delito por el que acusa.

En 2002 la Guardia Civil detectó que en la finca Vicent de ses Planes, cerca de la cantera ses Planes de Jesús, se habían estado vertiendo durante doce años residuos urbanos por parte de la empresa Contenedores Pitiysos sin autorización municipal y con el único permiso del dueño del terreno, ya fallecido, y de su hijo. Ambos, según Fiscalía, tenían pleno conocimiento de este vertido, que se hacía para rellenar un bancal para cultivo. En 1997 se pidió autorización municipal para rellenar mediante escombros la zona con el fin de hacer bancales. El Govern informó desfavorablemente en 2006 y el Ayuntamiento previamente había denegado el permiso en 1998. En 2002 la dirección general de Recursos Hídricos informa además de que este emplazamiento incumplía la Ley de aguas. Poco después el Seprona precintó judicialmente las instalaciones.