La huelga de Justicia obliga a retrasar juicios hasta ocho meses

«Si somos objetivos, la actividad normal de trabajo en los cuatro Juzgados de Instrucción ha caído un 90%, de forma que trabajan al 10% de su capacidad, porque si hay 37 puestos de trabajo entre estos cuatro juzgados y sólo en tres hay un funcionario que no secunda la huelga, en los demás o no hay o hace servicios mínimos, o no lo había ya antes de la huelga», aseguró ayer el juez decano, Juan Carlos Torres, quien consecuentemente piensa que «la incidencia de la huelga es aquí muy importante». Según los sindicatos, en lo que va de huelga se han suspendido en Balears 2.400 juicios.

La huelga está marcando un antes y un después en los Juzgados de Eivissa. «Nunca había pasado algo así en los 25 años que yo llevo trabajando aquí», relata una veterana funcionaria de Civil, que además denuncia que el Ministerio está contando las plazas vacantes y los servicios mínimos como actividad, con el fin de restar importancia al seguimiento de la huelga, que según los sindicatos convocantes, que son todos encabezados pro el mayoritarios, CSI-CSIF, está siendo «mayoritario» y lo tasan en un 85% como mínimo.

Los funcionarios de los Juzgados, pero sobre todo los vigilantes de seguridad, son quienes se llevan los rapapolvos de los usuarios, que en muchos casos llegan a los Juzgados sin saber que hay huelga y cumpliendo una citación que tal vez llevaban meses esperando. Aun sabiendo que hay huelga, los usuarios tienen que acudir a la cita, ya que no existe manera de saber si su trámite será atendido, pese a la huelga, o no. «La verdad es que todo esto es un fastidio, no hay derecho, entiendo que están en su derecho pero tendrían que buscar otra manera de solucionar sus problemas en vez de fastidiar a los ciudadanos», protestó ayer por la mañana una señora que, ahora, tendrá que volver en dos meses. Pero no sólo afecta al público, sino también a abogados y procuradores. Un profesional de este gremio fue muy claro: «La reivindicación es justa y llevan realizándola desde hace años; lo que no es justo es que el Gobierno ofrezca los famosos 400 euros y no los gaste en solucionar problemas como éste, porque la Justicia no debe ser una cuestión de presupuesto».