La mayor operación contra la pornografía infantil en España se ha saldado con 30 detenidos, de los que la Fiscalía ha pedido prisión para la mitad, y 43 imputados, además de más de mil personas involucradas en todo el mundo, informó el fiscal del Servicio de Criminalidad Informática (SCI), Fernando Herrero Tejedor. Por su parte, la Guardia Civil no ha informado acerca del interrogatorio que realizó anteayer en Eivissa a un joven de 19 años a quien además decomisó el disco duro de su ordenador para ser analizado, ya que se sospecha que puede formar parte de esta gran red.
La «Operación Santiago», como ha sido denominada, ha culminado con la intervención de 81 equipos informáticos en cuyos discos duros aparecen archivos de «sexo explícito» y de «pornografía infantil muy dura», ha descrito el fiscal, y en la mayoría de los casos afectan a menores de 13 años, un delito que el Código Penal castiga con una pena de prisión de entre cuatro y ocho años.
Al haberse cerrado anteayer la actuación, que se ha realizado en estrecha colaboración con la Guardia Civil, aún no ha podido determinarse ni la identidad de los menores ni el perfil del pederasta, aunque Herrero Tejedor reveló que no hay ninguna persona conocida entre los detenidos o imputados y que la mayor parte de éstos son hombres.
Barcelona, con once registros, seguida de Madrid, con siete; Valencia, con seis; y Alicante con cinco, son los lugares en los que se han registrado más casos durante esta operación, en la que se han practicado 8 registros en 36 horas, ha señalado el jefe del grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, Juan Salom, que acompañaba al fiscal en la rueda de prensa en la que se ha dado cuenta de los detalles.
No obstante, Galicia es la comunidad autónoma en la que aparecieron los primeros casos y los que más tiene, y por este motivo se ha judicializado en Pontevedra.
El criterio que se ha seguido para llevar a cabo las detenciones y acusaciones, según el fiscal, ha sido que en el plazo de diez días realizaran al menos cinco intercambios de imágenes pornográficas, algunas de las cuales «son terribles y se ejerce la violencia sobre los niños», ha dicho el comandante.
Sólo en muy pocos casos de los que aparecen en esta operación, el productor de las imágenes cobra por ello, ya que, mayoritariamente, se trata de un delito en el que las personas involucradas se intercambian imágenes o se descargan archivos con estos contenidos.
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