El abogado Fausto Oviedo creó hace unos años la Asociación Propiedad Privada en las Islas Baleares con el objetivo de proteger el derecho de propietarios de viviendas ante «la carcoma legal que se está haciendo en contra del derecho de la propiedad privada en España».
«Este derecho hoy en día no existe. Tú puedes tener un título formal como una escritura pública; tu casa puede estar inscrita en el Registro de la Propiedad, pero si te entra un okupa o un inquiokupa pierdes todo el control», lamentó el letrado.
Defender la figura del propietario ante la carga tributaria «totalmente injusta» que éste soporta es otro de los objetivos de esta asociación. «Al final, se ha demonizado al propietario y, con ello, lo que sucede es que cada año nos incrementan los impuestos», denunció.
Oviedo explicó además que trabajan en «una cruzada complicada, pero fundamental para las familias de Baleares» como es recuperar el valor hipotecario del bien inmueble. «Hasta no hace mucho, si surgía un problema y tenías una propiedad, el banco te prestaba dinero. Ahora, los bancos no prestan nada y no reconocen la propiedad, aunque esté libre de cargas, para la concesión de un préstamo», advirtió.
Okupación por encargo
El letrado explicó además otro fenómeno que se está repitiendo con demasiada frecuencia últimamente: la okupación por encargo. Con esta modalidad, según señaló, los okupas entran y destrozan la vivienda. En muchas ocasiones, y ante la imposibilidad de reformar la casa, al propietario no le queda otra opción más que malvender una propiedad a un precio muy inferior.
«Está aflorando un mercado ilegal de compraventa de pisos okupados. En Ibiza, recientemente nos comunicaron cómo a un cliente le pedían 90.000 euros para recuperar la vivienda. Cuanto mayor es el precio de la casa, mayor es el rescate que exigen. Es un delito de extorsión», advirtió el experto.
Sobre la legislación española, Oviedo lamentó que el actual Ejecutivo «está gobernando contra 30 millones de ciudadanos españoles» y reclamó que los desalojos deberían ser inmediatos, aunque no es lo habitual en estos momentos.
De hecho, tras comentarlo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el letrado se refirió a «la flagrancia del delito» que podría haberse dado en el caso de Sant Antoni. Se trata de un concepto jurídico referente a la detención de una persona cuando ésta es sorprendida in fraganti en el momento de cometer el ilícito.
«No existe una norma que determine cuándo hay flagrancia, si es una hora, dos u ocho. La Policía o Guardia Civil saben que si desalojan y, después, no se puede constatar que existió esa flagrancia, el agente es expulsado. Así están las leyes en España. Se ha maniatado a la Policía y a la Guardia Civil», insistió.
«Lo habitual es que se inicie el proceso y, a partir de aquí, son tres años como mínimo», lamentó.
El abogado advirtió: en Ibiza ha crecido el problema de la okupación de manera exponencial, aunque muchos casos no llegan a los juzgados puesto que algunos prefieren llegar a acuerdos. «El precio medio para rescatar una vivienda de lujo en Ibiza son 90.000 euros», concluyó.
El letrado recordó que en su asociación se están enfrentando a un lobby con 40 años de historia como es el de los okupas y animó a propietarios afectados a contactar con ellos en su web ‘asociaciónpropiedadprivada.com’. Además, por el momento han logrado reunir más de 1.900 firmas en la plataforma ‘Change.org’ para exigir una ley antiokupación inmediata.
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