El juez Juan Carlos Torres, responsable del juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa y magistrado que investigaba el caso de un agente de la Policía Local de Eivissa que fue detenido después de que una mujer le acusara de masturbarse en la calle y dentro de un coche, ha decretado el archivo de esta causa después que así lo requiriera el fiscal ante la ausencia de pruebas incriminatorias.

Atrás han quedado casi diez meses de incertidumbre para el agente afectado, un policía con una hoja de servicios sin mácula y quien durante todo este tiempo ha estado de baja psicológica por los problemas que le acarreó su arresto.

El máximo responsable de la Policía Local en el Ayuntamiento de Eivissa, el concejal Leopold Llombart, manifestó ayer su satisfacción por la decisión judicial y confirmó que el agente llevaba al menos dos días incorporado a su trabajo con plena normalidad.

El agente, un hombre que ha pasado sin queja alguna por varias unidades de la Policía Local, fue apresado por una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía después de que una mujer que caminaba por Platja den Bossa con sus dos hijos, uno de un años y otro de dos, asegurara que los dos pequeños podrían haberse visto perjudicados por la supuesta imagen de un hombre que se masturbaba dentro de un coche aparcado, vehículo que fue localizado después de que la propia denunciante facilitara la matrícula.

Los policías encontraron dentro del coche al sospechoso, pero sin que éste estuviera practicando ninguna maniobra onanista. Tras proceder a su arresto, se comprobó el dato que dicha persona, que iba de paisano y que estaba fuera de servicio, era agente de la Policía Local de Eivissa. Dos días después, el 23 de enero, fue puesto a disposición judicial como sospechoso de la presunta comisión de un delito de exhibicionismo, acto en el que posteriormente quedó libre con obligación de comparecer en el juzgado cuando fuera requerido para ello. Durante su comparecencia y durante todo el proceso, éste negó con rotundidad las prácticas que se le atribuyeron.

El entonces sospechoso se mostró «muy afectado» por lo sucedido y poco después pidió la baja. La investigación judicial conllevó también la realización de un informe pericial para conocer si el agente sufría alguna anomalía psíquica o psiquiátrica. Según ha trascendido ahora, el Ayuntamiento llevó a cabo su propio estudio, examen que reveló que el policía, pese a su situación, gozaba de un «perfecto equilibrio mental».

El juzgado de Instrucción número 1 realizó durante estos meses otras pruebas de la que no se han derivado cargos contra el agente, incluida la posibilidad de que la mujer que dijo haberse afectada mantuviera formalmente la acusación.

«Habiendo solicitado el ministerio fiscal el sobreseimiento provisional de las actuaciones y no habiendo otras acusaciones personadas, procede acordar de conformidad con lo pedido, pues rigiéndose el proceso penal por el principio acusatorio, es necesaria la existencia de acusación para que pueda seguir adelante el procedimiento», establece el auto que dicta el archivo de esta causa.