J. J. Monerri18/10/06 0:00
TW0

«No sé por qué he venido aquí. No he hecho daño a nadie y si lo he hecho pido perdón». Estas fueron las palabras finales que pronunció ayer el granjero de Puig d'en Valls, propietario de una explotación porcina, que se enfrenta a tres años y un mes de cárcel después de que una vecina suya le denunciara el 17 de abril de 2004 ante la Guardia Civil por supuestamente contaminar un pozo. El acusado ha depositado avales por valor de 190.000 euros que cubren las posibles responsabilidades civiles que se le pueden atribuir. La acusación particular sostuvo ayer que la acumulación indebida y en grandes cantidades de estiércol de esta finca, a unos treinta metros del cuello del acuífero, ocasionó el vertido de detritus y purines presuntamente detectado . El fiscal, a su vez, entiende que la presunta conducta irregular del acusado ocasionó un peligro potencial.

En la vista, que concluyó ayer tras sufrir un aplazamiento el pasado mes, el fiscal redujo en seis meses la pena de dos años y media que pedía en un principio como responsabilidad penal por un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. «Lo cierto es que la denunciante iba cumpliendo años y cada vez era mayor el montón de estiércol que se iba acumulando. El olor fue insoportable y ello ocasionó a la vecina sinusitis y problemas renales. No era una granja pequeña de doce unidades. En una ocasión se contabilizaron hasta 120 cerdos», señaló ayer el abogado que representaba los intereses de los demandantes. La defensa del granjero, por contra, destacó que nunca hubo purines y que el estiércol no llegaba a acumularse años -como mantenía la denunciante- sino que era distribuido convenientemente en una extensión próxima a las 30 hectáreas propiedad del acusado y conocida como Can Bartomeu. «Su actividad estaba fiscalizada, controlada, y actuó con plena legalidad. Además, las muestras fueron presentadas sin contranálisis. Eso causó su indefensión», apuntó el letrado.

Ante la responsable del juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa, la magistrada Martina Rodríguez, que deberá decidir sobre este caso, se argumentaron distintas circunstancias que pudieran incidir en la contaminación del pozo. La defensa planteó la posibilidad de que el acuífero se hubiera visto afectado por fosas sépticas de otros vecinos, incluidas las del cercano polígono de Montecristo, así como por el depósito de lodos procedentes de la depuradora.