Los mandos policiales consideran necesario aumentar la seguridad en las playas de las Pitiüses.

La figura de vigilante de playa, que da nombre a la conocida serie de televisión estadounidense, puede no ser una utopía en el futuro en las Pitiüses. Los propios responsables de las policías locales de las dos islas ven con buenos ojos el modelo norteamericano que permite dotar a las playas con socorristas que también cumplen funciones de agentes de la autoridad.

Esta es una de las ideas planteadas el pasado viernes en el tercer encuentro de policías locales de las Pitiüses, reunión que tuvo lugar en Formentera. La figura del socorrista-policía se ve como una solución oportuna para luchar contra los robos y la venta ambulantes en las playas. Este agente también daría cobertura a los bañistas contra cualquier percance que pudieran sufrir en el agua o riesgo contra su integridad.

«Las playas son difíciles de controlar y los municipios que disponen de gran cantidad de ellas tenemos un aumento de esta problemática», explica al respecto un comunicado hecho público sobre el citado encuentro. «Por ello se trataría de proponer como posible medida ir buscando una solución de cara al socorrista (que permanece en su lugar todo el horario de baño), buscar un tipo de socorrismo con autoridad (socorrista-policía como en Estados Unidos) y que realice el control de todo lo que ocurra en la playa», se añade en este escrito. Sobre este punto, concluye: «Esta es una idea que de momento se lanza al aire, pero que no resulta descabellada».

Los concejales y mandos también pretenden que el Govern dé el visto bueno a los que de hecho ya se considera el Consell de Coordinación Policial de les Illes Pitiüses, nombre que se adoptó en este tercer encuentro de mandos policiales.

En él participaron los jefes de policía local de los seis municipios de las Pitiüses, así como los regidores de Gobernación de los ayuntamientos de Eivissa, Sant Josep y el alcalde de Formentera; Leopold Llombart, Antoni Cardona e Isidor Torres, respectivamente.

Los Ayuntamientos también ven con especial preocupación el problema de falta de personal para cubrir sus plantillas de policía con personal cualificado. Entre las propuestas para paliar esta cuestión, se propuso solicitar al Govern de dispensas de cuatro años para que los candidatos puedan cumplimentar el bachillerato exigido. Asimismo, se insta al Govern a la creación de un módulo de Formación Profesional de seguridad para estudiantes que acaben la ESO.

Los regidores en el área de Policía valoran como «difícil» erradicar la imputación del negocio de los taxis piratas, una práctica que, como ya informó este periódico, ha supuesto este verano más de un centenar de actuación policiales y la puesta al descubierto de grupos organizados, algunos de corte mafioso, dedicados a esta actividad.

En la reunión se consideró a Eivissa, Sant Josep y Sant Antoni como los municipios más afectados y la necesidad de una regulación mediante una ley de transportes, alternativa acompañada de campañas informativas en hoteles y turoperadores «del peligro que conlleva utilizar un servicio sin garantías».

La experiencia policial también ha demostrado que muchos de estos grupos se nutren de vehículos en las casas de alquiler de coches, obteniendo pingües beneficios pese al riesgo de soportar multas de 1.500 euros. Ante ello, los responsables policiales concluyen que conveniente «pedir a las compañías de 'rent a car' más colaboración, aportando todos los datos posibles en los contratos y medios para efectuar los cobros de las sanciones a los mismos con posterioridad (depósito o garantía suficiente).

Por otra parte, en otro punto de la reunión, se acordó pedir que se unifique con las policías locales la información que se facilita en la oficina insular de ayuda a las víctimas del delito, ubicada en Can Jurat.