El desfalco lo sufrió esta sucursal del Banco de Crédito Balear ubicada en Santa Eulària.

J.J.M.,

La Audiencia, a su vez, ha considerado probado que cuatro de las personas que adquirieron dichas participaciones -en el banquillo se sentaron cinco- conocían la situación acreedora del acusado y colaboraron con él para que con estas operaciones se eludieran futuras responsabilidades económicas con el banco afectado. Ello se gestó supuestamente en una reunión familiar en el que el interventor les confesó todo. El tribunal condena a los asistentes a esta reunión -absuelve al que no estuvo- a una pena de un año de cárcel por la comisión del delito de alzamiento de bienes. El fallo se sustenta en parte en las supuestas contradicciones en que incurrió el interventor, que se enfrentaba a diez años de prisión, después de que ésta cambiara sus declaraciones y asegurara en el juicio que, como mucho, se apoderó de 8.000 euros, cantidad que fue «invertida» en juegos de azar.

Justificó la ausencia del resto del dinero amparándose en la posibilidad de que también hubieran intervenido en las apropiaciones otros compañeros de trabajo. Todo ello ocurrió después de que el acusado, al verse descubierto, entregara en el banco dos cartas en las que reconocía un desajuste contable de más de medio millón.

La Audiencia, al respecto, ha considerado «inverosímiles» sus excusas, máxime cuando en las cartas y en el juzgado había exculpado a sus compañeros. En la sentencia también se analiza la reunión en la que se gestó la venta de las participaciones de sus empresas. «Ninguno de los asistentes manifiesta conocer el contenido de las cartas; sin embargo, resulta cuando menos curioso que todos ellos reconocieran el estado de angustia del empleado, que algo habló de sus problemas bancarios», explica la sentencia.