«Ha tenido problemas con su actual pareja. La ha echado de su
domicilio en dos ocasiones y por dos veces la he acogido en casa
con nuestra hija. Así es como me lo está pagando». Éste fue el
alegato final que realizó ayer uno de los tres hombres que fueron
juzgado en Eivissa por un acusaciones de malos tratos.
El sospechoso negó que hubiera golpeado a su pareja y ahora, con
la nueva ley contra la violencia doméstica, se enfrenta no sólo a
un año de prisión, a la prohibición de portar armas durante el
mismo tiempo y a tres años más de no comunicación con la supuesta
víctima, sino que, además, puede verse obligado a someterse a un
tratamiento de educación sexual y contra los malos tratos.
La juez Martina Rodríguez Rodríguez, responsable de lo Penal
número 2 de Eivissa, en una de las primeras sentencias que se
dictan en la isla al respecto, impuso dicha pena de reeducación
minutos antes a otro detenido por violencia doméstica. El
sospechoso, un hombre de nacionalidad francesa que hasta ayer
estaba preso, aceptó una condena de un año de prisión al
reconocerse autor de amenazas y malos tratos a su pareja. La juez
le anunció, tras el informe fiscal, que iba a quedar en libertad y
que ello siempre iba a quedar supeditado al cumplimiento de un
cursillo de reeducación cuya fecha y ejecución debían de acordarse.
Otra persona, esta vez un vecino de Sant Antoni de 62 años
procesado por, supuestamente, dar un bofetón a su esposa y
golpearle en el pecho con el mango de un cuchillo, se conformó con
una condena de seis meses de cárcel. La penas de reeducación se
aplicarán en ejecución de sentencia y corresponde ahora a otros
organismos habilitar los lugares y los medios necesarios para que
los condenados cumplan estos tratamientos. «Suponemos que se hará
en Cas Serres o promovido a través de la oficina de la Dona»,
explicó un abogado.
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