El traslado de fondos en los furgones blindados de las empresas de
seguridad privada se llevan a cabo siguiendo estrictos y rigurosos
procedimientos en los que se combinan distintas tecnologías para
impedir que se pueda sustraer sin ser detectada cualquier cantidad
de dinero.
La propia empresa Prosegur, que denunció ante la Guardia Civil
la sustracción de sus furgones blindados de 308.000 euros en
Eivissa en un caso que ha motivado la detención de un vigilante de
esta firma, constató irregularidades en al menos dos ocasiones,
hechos que motivaron una investigación interna y problemas
laborales para dos de sus empleados distintos al hombre que fue
detenido la semana pasada.
La investigación que realizó la Guardia Civil precisamente
ahondó en la posibilidad de que se estuvieran dando una combinación
de factores de los que se estuviera aprovechando una persona con
información privilegiada. Todas las fuentes consultadas por este
periódico manifestaron que la rigurosidad de estos procedimientos
hace prácticamente imposible la sustracción de dinero en el
traslado de las sacas en furgones blindados. Fuentes de la
Comandancia de la Guardia Civil de Palma, sin embargo, señalaron a
este periódico que se detectó un pequeño error en un sistema de por
sí muy estricto y que al investigarse esta cuestión los agentes de
Policía Judicial se toparon con la probabilidad de que el
sospechoso de tres 'mordidas' en los furgones de Prosegur se
beneficiara de fallo -cuya naturaleza no ha trascendido- para
sustraer dinero sin que éste pudiera aparecer como sospechoso. Los
agentes comenzaron a partir de aquí una compleja y discreta labor
de investigación -cuyos pormenores tampoco han trascendido-
contemplando también que la persona que se había llevado el dinero
también se aprovechara de la confianza que tenía con las personas
que en cada ocasión debían de custodiar los fondos que se
entregaban en los furgones para su transporte y posterior entrega
en otros destinos.
Los agentes siguieron esta pista al menos desde el pasado verano
hasta que el pasado miércoles, con supervisión judicial, se decidió
detener a Lucio Manuel del Valle, presidente de la Asociación de
Vigilantes de Seguridad y quien, como informó ayer este periódico,
se encuentra en libertad bajo una fianza de 6.000 euros después de
declarar en el juzgado. Los agentes s intervinieron en la operación
de 92.030 euros cuya procedencia también investiga ahora el
juzgado.
El sospechoso aseguró ante el juez que todo este dinero procedía
de negocios limpios y que su familia estaba por completo al margen
de cualquier cuestión. Entre los más próximos a Del Valle se
inquiere, incluso, que el vigilante hubiera sido víctima de una
'encerrona' de su propia empresa vistas sus malas relaciones por
distintas cuestiones, entre ellas las sindicales.
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