La Audiencia Provincial de Balears, que a final de este mes se
desplazará de nuevo a Eivissa, tiene previsto juzgar a un joven
pitiuso que debe responder por introducir, supuestamente, cerca de
mil éxtasis en Formentera, así como una destacada cantidad de
cocaína. Se trata de una de las aprehensiones más importantes que
se han realizado en la menor de las Pitiüses en los últimos cinco
años.
El sospechoso, un varón de 23 años, fue detenido por agentes de
la Guardia Civil dentro de Formentera cuando en junio de 2003 se
concretó un servicio sobre tráfico de drogas. Al parecer, dicho
servicio se llevó a cabo como consecuencia de una investigación
policial que se inició al tenerse conocimiento de que había
personas introduciendo importantes cantidades de estupefacientes en
la isla.
Los agentes que arrestaron al joven -que el próximo 26 de este
mes debe comparecer ante la Audiencia Provincial- le sorprendieron,
presuntamente, con 868 éxtasis y cerca de cien gramos de cocaína
que, supuestamente, iban destinarse a la venta entre los
consumidores de drogas que durante esas fechas visitaban
Formentera. Los guardias civiles también requisaron 25 gramos de
hachís a este mismo sospechoso.
Según una estimación oficial, la droga requisada durante esta
operación tenía un valor que superaba los 15.200 euros. Esta
cantidad, sin embargo, podría verse muy aumentada si los distintos
estupefacientes intervenidos hubiesen sido distribuidos al menudeo.
Si la cocaína, además, hubiera sido objeto de repetidos cortes con
otras sustancias, los beneficios habrían podido ser mayores al
extraerse más dosis de las previstas con los gramos con los que se
contaba en un principio.
Quince acusaciones
El juicio contra esta persona se suma a otra decena de casos que
hay señalados por el tribunal y por los que se prevén la asistencia
de una quincena de sospechosos.
La mayor parte de estos son jóvenes turistas que fueron
sorprendidos por los agentes de las Fuerzas de Seguridad del
Estado, presuntamente, vendiendo pequeñas cantidades de drogas, así
como de vendedores ambulantes de origen subsahariano que fueron
arrestados en los dispositivos policiales de Sant Antoni.
El joven pitiuso se enfrenta a una acusación por un presunto
delito contra la salud pública por el que podría ser castigado -en
el caso de que finalmente el juez lo considere culpable- con una
pena de privación de libertad que podría oscilar entre los cuatro y
los diez años.
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