El Ayuntamiento de Sant Antoni ya tendrá en funcionamiento a partir
del próximo mes de junio el sistema de vigilancia a través de vídeo
con siete cámaras instaladas en los tres puntos más problemáticos
del municipio: West End, Paseo Marítimo y ses Variades. Se trata de
una medida pionera en las Pitiüses que ya se ha llevado a cabo en
varios de puntos de Mallorca y que, sobre todo, según sus
promotores, tiene carácter disuasorio.
Ayer, tras la Junta de Local Seguridad que presidió por última
vez la delegada del Gobierno en funciones, Marienna
Sánchez-Jáuregui, el alcalde y el concejal de Policía, José Sala y
Joan Pantaleoni, anunciaron que el proyecto de cámaras-espía ya
tiene luz verde. La comisión mixta encargada de supervisar el
proyecto -encabezada por el presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Balears, Antoni Terrasa, y el delegado del Gobierno en
Balears en funciones, Miquel Ramis- ha dado su visto bueno.
Pantaleoni explicó que, como estaba previsto, se va a instalar
un sistema de videovigilancia que se controlará a través de
internet en las dependencias de la Policía Local, lo que reduce los
gastos de instalación y funcionalidad. El coste oscilará entre los
30.000 y los 35.000 euros, según los cálculos del concejal de
Policía, y de la instalación y mantenimiento se encargará una
empresa de Barcelona. El sistema tiene capacidad para funcionar
hasta con 24 cámaras, aunque por el momento el Ayuntamiento tiene
intención de instalar tan sólo siete. La ley obliga al Ayuntamiento
a instalar carteles en las zonas avisando de que existe un sistema
de videovigilancia, aunque no se apuntará el lugar exacto. También
obliga la ley a borrar las imágenes en un plazo de tiempo
predeterminado, con el fin de proteger la intimidad de las personas
grabadas.
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