Una vecina de ses Figueretes de nacionalidad rumana, embarazada
desde hace pocas semanas, se juega la expulsión del territorio
nacional y a no poder volver a España en diez años después de que
supuestamente clavara un destornillador a su pareja tras una última
discusión doméstica.
N.V., la inmigrante rumana ilegal denunciada hace trece días por su
pareja tras recibir una puntada en el abdomen, se encuentra en una
situación similar al anterior. Su caso es aún más dramático porque
ella misma confesó ayer ante la responsable del juzgado de lo Penal
número 2 de Eivissa que estaba haciendo todo lo posible para poder
quedarse en España y que, por ese precio, necesitaba mantener su
relación de pareja. Su novio dijo durante la causa que terminó
denunciándola «harto de continuos episodios de celos» y para evitar
que «pasara algo» después de múltiples intentos suyos por acabar
con la relación sin resultado.
Los juzgado de Evissa vieron ayer, además, otros tres casos de
malos tratos: el de un hombre acusado de amenazar a su novia con
quemarle la vivienda, el de un residente de Santa Eulària acusado
de romper el tobillo a su compañera tras empujarla y el de un
sudamericano sin papeles que reconoció haber abofeteado en plena
calle a la que fuera su compañera. Este último, por contra de lo
que ocurrió con la inmigrante rumana, aceptó cumplir una pena de
ocho meses de cárcel que se cambiará por la expulsión del
territorio nacional español durante diez años.
«No tengo familia ni a nadie. Ni aquí ni en Rumanía y allí ahora
la situación es muy mala. Sólo quiero seguir con él y formar un
hogar aquí», dijo la joven juzgada por malos tratos y para quien
legalmente el fiscal pide una condena de nueve meses de prisión y
la imposibilidad de acercarse a la víctima durante dos años.
La mujer presentó durante la causa un informe que atestigua que
se encuentra embarazada desde muy poco. Este hecho, indistintamente
del resultado la sentencia, podría derivar en posteriores
actuaciones judiciales o administrativas que se llevaran a cabo
desde la defensa para impedir que se ejecutara la expulsión, según
la información recogida por este periódico. La acusada señaló que
el destornillador lo usó «sin querer» para defenderse de una
sucesión de golpes. El denunciante, por contra, afirma que nunca
ejerció violencia contra ella y que ésta se le echó encima después
de que, un días después de que acabaran en Comisaría por otra
pelea, él le comunicara de nuevo a la chica su intención de poner
fin a la relación.
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