J. J. Monerri11/03/04 0:00
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Más de diez años han pasado ya desde que la discoteca «Ku» cerró traumáticamente sus puertas. El caso, sin embargo, sigue aún en la memoria del grupo de acreedores que en su día decidió emprender acciones legales al sentirse perjudicado económicamente tras echarse el candado a sus puertas. Después de muchas vueltas judiciales y de que el inmueble de la mítica discoteca de Sant Rafel fuera remodelado para reconvertirse, con nuevos empresarios, años después en lo que ahora es «Privilege», la denuncia interpuesta por los afectados tiene ya una fecha para que la Justicia tome una decisión por lo ocurrido.

La Audiencia Provincial, que la próxima semana se desplaza a Eivissa, ha señalado para el próximo lunes por la tarde la acusación por presunta quiebra fraudulenta que pesa contra J.I.S. y J.L.A.. Ambos fueron los dos socios principales de un negocio del que supuestamente también tuvo parte importante José Antonio Santamaría, ex jugador de la Real Sociedad y empresario de hostelería que fue asesinado por la banda terrorista ETA el 19 de enero de 1993 mientras cenaba en una sociedad gastronómica de San Sebastián.

Los dos empresarios que deben comparecer ante la Audiencia Provincial se sentarán en el banquillo después de que durante el proceso se les pidieran, al parecer, penas superiores a los cinco años de prisión. Ésta es una de las razones por las que la causa tiene que ser vista ante la Audiencia, tribunal que debe decidir sobre causas en las que se reclaman condenas superiores a los cincos años y de acuerdo con la catalogación de los delitos que deben ser objeto de su juicio. El año en que murió Santa María, «Ku» ya era historia. El cierre de la discoteca a principios de los años 90 terminó en los juzgados después de años en que el nombre de la discoteca fue un emblema de la isla que se paseó por todo el mundo después de que en sus paredes se reunieran famosos internacionales de todos los ámbitos.

El caso, extremadamente complejos por las numerosos sociedades que participaban del nombre genérico de «Ku», terminó recibiendo carpetazo después de que, en primera instancia, el juez no hallara indicios para considerar que hubiera irregularidades dentro de la contabilidad que se examinó y de la que pudiera inducirse alguna responsabilidad delictiva de los ahora acusados. La acusación particular no estuvo de acuerdo y recurrió a la Audiencia, que reabrió el caso.